Declaran como imputadas por falsedad documental la mujer y tres hijas de Pesquera

El juez investiga la "maniobra" denunciada por la fiscal al intentar certificar la cosecha como DO Ribera del Duero

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Esther Neila
Valladolid

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El juez tomará declaración mañana a la mujer y tres de las hijas de Alejandro Fernández en calidad de investigadas por la posible falsificación de documentos para intentar vendimiar la uva de la última cosecha al amparo de la denominación de origen Ribera del Duero.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid abrió diligencias penales a raíz de la denuncia remitida por la Fiscalía, que apreció indicios de delito en la «maniobra» diseñada por las actuales gestoras del grupo bodeguero para conseguir que el consejo regulador certificase la añada 2018.

En el escrito remitido al juzgado el pasado mes de marzo, la fiscal jefe apunto a un posible «delito de falsedad en documento mercantil y seguramente en documento oficial». Aludía, en primer lugar, a la firma de un contrato de arrendamiento «simulado» entre Emilia Rivera y una de sus hijas, Olga Fernández, en virtud del cual la madre le alquilaba los viñedos familiares a un precio muy por debajo de mercado. Con ese acuerdo, la hija acudió a la sede del consejo regulador para sacar una nueva ‘tarjeta de viticultor’ –documento oficial necesario calificar la cosecha con el sello de la DO Ribera del Duero – y sortear así la imposibilidad de hacerlo con la tarjeta que venía utilizando el negocio familiar para certificar las vendimias, donde figura como titular el bodeguero Alejandro Fernández.

La fiscalía constató que el consejo regulador llegó a revocar en un inicio la tarjeta de viticultor a Alejandro Fernández y otorgó un nuevo ‘carnet’ a Olga Fernández. Pero luego revirtió esa tramitación y dejó «sin efecto» el documento a nombre de la hija, que fue quien vendimió a la fuerza el grueso de la uva en las fincas de Pesquera de Duero y Roa tras un fuerte encontronazo con las cuadrillas enviadas por su padre, un conficto que requirió la presencia de la Guardia Civil. Aunque la mayoría del fruto entró en las instalaciones del grupo bodeguero, éste no pudo comercializar la añada 2018 como Ribera del Duero «con las pérdidas económicas que ello ha supuesto», apostilló la fiscal.

En su decreto, la Fiscalía añadía, además, posibles delitos de administración desleal y de naturaleza societaria, cuya investigación asumió el juzgado de Instrucción.

En el marco de esas diligencias, el juez ha llamado a declarar, mañana, jueves, a la madre y tres de las cuatro hijas del matrimonio (Lucía, Olga y Mari Cruz), enfrentadas en el último año a su padre y la cuarta de las hijas, Eva, que ejercía de enóloga hasta que fue despedida el año pasado.

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Esta causa penal es uno de los frentes judiciales que libran ambas facciones familiares. En mayo, las dos partes pactaron una indemnización por el despido improcedente de la enóloga durante un acuerdo de conciliación previo al juicio. Entretanto, hace dos semanas Alejandro Fernández ganó el primera instancia la pugna por el uso de su imagen con una sentencia que condena a la sociedad bodeguera – en manos de la mujer y tres hijas – a indemnizar al patriarca del grupo por el uso ilícito de su imagen personal. Y siguen abiertos los litigios por el uso de las marcas comerciales de las sociedades mercantiles.