Las defensas culpan al Ayuntamiento de Valladolid de falta de control a la hora de contratar y supervisar

Las defensas de los tres Samaniego, Luis Alberto, su hijo y su primo, trataron de cargar la responsabilidad de los hechos a la falta de control del Ayuntamiento tanto en la tramitación de los contratos como de las facturas. La fiscal admitió esta falta de control, si bien consideró que lejos de ser un argumento que pueda beneficiar a los acusados, lo que hizo este relajamiento de la fiscalización fue propiciar los contratos y el pago de las facturas,que a la postre están en el origen de los presuntos delitos cometidos.

El abogado del Antonio Bernardo Samaniego fue el más explícito al señalar que «durante 15 años nadie puso un ojo en los expedientes» y apuntó tanto al interventor municipal, Rafael Salgado, como a la jefa de Patrimonio, Ana Page, y al secretario, Valentín Merino, los tres testigos en el juicio. De éste llegó a decir que durante su declaración «se lavó las manos como Pilatos». El letrado pidió la prescripción de los delitos para su defendido, pero en caso de no ser así consideró que esta «clamorosa falta de control» por parte del Ayuntamiento «absorbería el comportamiento de las personas que se sientan en el banquillo».

También el letrado del hijo de Samaniego dijo que «la falta de fiscalización del interventor podría haber evitado errores en la contratación», si bien centró su intervención en tratar de demostrar que no hubo acuerdo alguno entre los cuatro acusados. Recordó que nadie ha podido demostrar el papel que pudiera tener cada uno en ese supuesto acuerdo y, en todo caso, señaló que la tesis quedaría desmontada a la vista de la disparidad de facturación en las empresas de las que era administrador cada acusado.

El letrado de Rodríguez Patín, el contable, también pidió la prescripción, pero sostuvo que su defendido no tuvo participación en los hechos investigados por cuanto «no facturaba ni presupuestaba» ni se ha a creditado responsabilidad alguna.