La fiscal acusa a los Samaniego de montar una «ficción» para adjudicarse contratos municipales

Una ficción. Así definió ayer la fiscal del caso Samaniego el entramado de 13 empresas del entorno familiar del ex jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego, beneficiarias de contratos municipales por importe de 10,2 millones de euros durante el periodo 2000-2014.

No hubo sorpresas en la última sesión del juicio, celebrada en la Audiencia, y tanto las acusaciones como las defensas de los cuatro investigados -además de Samaniego padre se sentaron en el banquillo su hijo Luis Javier Samaniego, su primo Antonio Bernardo Samaniego y su hombre de confianza y contable de las empresas Miguel Ángel Rodríguez Patín- mantuvieron sus peticiones: penas que suman 35 años de prisión para los cuatro acusados por tres delitos en el caso de la Fiscalía, que la acusación particular, representada por el Ayuntamiento, eleva a 45 años por seis delitos.

Los abogados de los cuatro acusados solicitaron la absolución, en el caso de Antonio Bernardo Samaniego y Rodríguez Patín por considerar que los delitos que se les imputan están prescritos.

Frente a la libre absolución pedida por las defensas, la fiscal que llevó el peso de la acusación pública consideró como hechos «incontestables» que los cuatro acusados actuaron «de previo y común acuerdo» para crear una trama de empresas y «prevaliéndose» del cargo que ocupaba Luis Alberto Samaniego como jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento «adjudicarse contratos durante catorce años» por importe de 10 millones para lucrarse.

Esta fue la tesis sobre la que giró su intervención final, argumentada durante una hora, en la que consideró también como «incontestable» que Samaniego padre participaba en dos sociedades, Caleman y Castellana Industrial, empresas en las que recaían los contratos, que luego a su vez subcontrataban con alguna de las 13 investigadas.

Según su relato de los hechos, Samaniego aprovechó la amplia autonomía de la que disfrutaba en el ejercicio de su trabajo y la confianza depositada en él tras décadas al servicio del Ayuntamiento, combinada con la ausencia de control por parte de la Intervención municipal, hecho que la fiscal admitió, para beneficiar a las empresas de su entorno por «intereses bastardos». La fiscal sostuvo que «se adjudicase a quien se ajudicase (en alusión a cualquiera de las 13 empresas investigadas) el dinero iba a una caja común». Añadió que no sólo había entregas a las empresas «sino pagos a título personal» a los acusados.

La fiscal invocó el informe pericial elaborado por técnicos del Ayuntamiento para mantener que hubo un delito de fraude continuado a la administración al existir un sobrecoste estimado en las facturas de 600.000 euros y consideró probado que Samaniego cometió también un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios al estarle vetado contratar con sus sociedades. Mantuvo también la existencia de falsedad y estafa al existir facturas cobradas por trabajos no realizados.

Con este análisis de fondo, consideró irrelevante el debate sobre quién elaboraba las facturas -las analizadas en el periodo objeto de investigación se elevan a 1.300- «porque como todo es una ficción da igual quién las haya hecho ya que el sobrante iba a una caja común que luego repartían».

La fiscal pide para Luis Alberto Samaniego 11 años de cárcel y su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años. En cuanto a su hijo Luis Javier Samaniego, su primo Antonio Bernardo Samaniego y el contable del grupo, Miguel Ángel Rodríguez Patín, solicita ocho años de cárcel para cada uno y multas por importe de 19.980 euros.

El letrado del Ayuntamiento mantuvo una línea argumental similar a la del ministerio público, pero con el añadido de dos delitos: prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El abogado consideró probado que era Samaniego el que «decidía» si las obras se realizaban desde el centro de Mantenimiento «o lo hacía una empresa externa» y era el quien «invitaba a las tres empresas y validaba los contratos».

Añadió el letrado que había «una total confusión» entre las empresas a las que se adjudicaban los contratos y las que luego ejecutaban las obras y concluyó que además de los delitos imputados por la Fiscalía, Samaniego cometió prevaricación al tener incompatibilidad «para contratar con empresas de su propio grupo». Y como la fiscal, también consideró probado que se concertó «con los otros tres acusados» para, aprovechándose de «su prestigio y su buen hacer» ser él quien proponía las empresas.

Al final solicitó 15 años de cárcel para el ex jefe de Mantenimiento y 10 para cada uno de los otros tres acusados.

El letrado de Samaniego padre pidió, de entrada, la impugnación, por falta de imparcialidad, del informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento, en el que se basaron las acusaciones para sustentar su petición de condenas. Advirtió el letrado que Samaniego no era el único encargado de la tramitación de las obras al intervenir también «terceras personas», entre las que mencionó al encargado del centro de Mantenimiento. No sólo eso, sino que recordó que además de las 13 empresas investigadas hubo más a las que se adjudicaron contratos y negó, en contra de lo dicho por la fiscal, la existencia de sociedades ficticias.

El abogado rechazó que Samaniego adjudicara las obras y negó se haya causado perjuicio alguno al Ayuntamiento, por lo que solicitó la absolución.