Saravia reclama 10 millones a la Junta por su responsabilidad en el caso Zambrana

El caso Zambrana, la expropiación de 5 hectáreas de terreno junto al centro de menores, en el barrio de Delicias, por las que el Ayuntamiento tuvo que pagar 20 millones de euros en 2014, durante el último mandato del PP, vuelve a la actualidad de la política municipal de mano del Grupo Valladolid Toma la Palabra.

El aspirante a candidato a la alcaldía por este grupo, Manuel Saravia, ahora concejal de Urbanismo, reclamó ayer a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad política por no prever las consecuencias que tuvo luego para el Ayuntamiento la reversión del suelo objeto de litigio, las 5 hectáreas en cuestión, a los herederos del antiguo propietario de los terrenos. Fueron ellos los que, una vez que recuperaron los suelos, reclamaron la expropiación forzosa por ley, lo que obligó al Ayuntamiento al desembolso de 20 millones, incluidos los intereses, por las 5 hectáreas; desde entonces suelo municipal.

Es por ello que Saravia reclamó ayer a la Junta que asuma su responsabilidad y aporte al Ayuntamiento 10 millones, la mitad de los que en su día tuvo que pagar la ciudad. Un dinero que se destinaría al plan de regeneración del barrio Aramburu-Las Viudas, con un coste previsto de 26 millones.

Valladolid Toma la Palabra llevará la propuesta en forma de moción al pleno del Ayuntamiento del próximo martes y Saravia espera contar con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP.

El mensaje va dirigido a la Junta de Castilla y León, pero de manera especial a su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, la candidata del PP a al alcaldía de Valladolid. Fue con ella con la que se reunió Saravia en 2015, al poco tiempo de asumir el cargo de concejal, para plantearle lo mismo que ahora llevarán al pleno. Entonces propuso que la Junta pagara los 10 millones en programas como el de vivienda.

Pero el Gobierno regional consideró que el caso Zambrana se circunscribía al ámbito municipal y que no tenía ningún tipo de responsabilidad.

Nada hace pensar que la Junta vaya a cambiar de idea, pero dado que la Comisión de Urbanismo del Ejecutivo autónomo estudiará hoy el Plan Especial de Rehabilitación Interior, PERI, del Campus de la Justicia, y una de las piezas claves de la operación es el suelo del Zambrana, Valladolid Toma la Palabra vuelve a la carga con el asunto cuatro años después.

La construcción del Campus Judicial en el antiguo colegio de El Salvador pasa por trasladar la edificabilidad del centro a los terrenos del Zambrana. Con el traslado de la edificabilidad se pagaría a los dueños de El Salvador y el Ayuntamiento se ahorraría así los 7 millones en los que se tasaron en su día los terrenos en los que se asienta el colegio. Un dinero que se destinaría a rehabilitar el barrio de Las Viudas. Este es el vínculo que une el caso Zambrana con la rehabilitación de Las Viudas y el que lleva a Valladolid Toma la Palabra a volver sobre el asunto.

«La Junta no puede desentenderse porque tuvo un coste altísimo para el Ayuntamiento», dijo Saravia en alusión a los 20 millones pagados, antes de añadir que «la consejera Pilar del Olmo dijo que la Junta no tenía ninguna responsabilidad».

Para el representante de Valladolid Toma la Palabra está claro que «hay una responsabilidad política de la Junta» en la reversión de los terrenos a los herederos del antiguo dueño, al que el Gobierno de la nación le expropió el terreno en 1943, aunque las 5 hectáreas de la polémica quedaron sin uso. Recordó el también concejal que mientras el Gobierno regional se embolsó 4,2 millones, pagados por los herederos del antiguo propietario parta hacerse de nuevo con los suelos, el Ayuntamiento tuvo que desembolsar luego 20 millones a los mismos herederos por la expropiación forzosa, solicita por ellos. Una operación urbanística rocambolesca, aunque legal, en la que el pagano fue el Ayuntamiento de Valladolid.

De los 26 millones en los que está presupuestada la rehabilitación de Las Viudas, el Ayuntamiento aportará 12 millones, mientras que a la Junta le correspondería poner el 20%, algo más de 5 millones. Con su moción, Toma la Palabra pretende que el Gobierno autónoma añada a estos 5 otros 10, es decir la mitad de lo que tuvieron que poner las arcas municipales por las cinco hectáreas.