Cerca de 60 detenidos por defraudar 19 millones a la Seguridad Social

La operación Galatea (dirigida por la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social) se saldó con 59 detenidos por un fraude de 19 millones de euros a la Seguridad Social realizados en 17 provincias, entre ellas, Zamora, Valladolid y León. 

Los investigadores, según confirma el Ministerio de Interior, comenzó a principios de 2018 tras recibir varias denuncias que informaban de varios hechos ilícitos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Se observó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.

Los 59 detenidos son, en su mayoría, los administradores de dichas empresas, pero también sus testaferros (algunos trabajadores figuraban en connivencia) y familiares. A todos ellos se les acusa de fraude de cotizaciones, frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores e apropiación indebida.

En León se ha detenido al ideólogo de una sucesión de empresas dedicadas a la explotación de canteras que no habían abonado ninguna cotización de los 170 trabajadores que había tenido dados de alta desde 2009, generando un impago a la Seguridad Social de 575.000 euros.

El modo de operar respondía a la creación de sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas. Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba 1,2 millones de euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.

En la investigación se acreditaron indicios de descapitalización; trasvase de trabajadores; unidad de dirección de las empresas; utilización de testaferros; facturación cruzada; y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas. Además, los detenidos utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores.

Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de seguridad para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios le habían quitado el motor.

Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de los bienes localizados.

En Madrid se ha desarticulado también un grupo empresarial dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban. Tres empresas soportaban el alta de los todos los trabajadores, generando deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los decentes y administrativos.