Diario de Valladolid

La asociación de funerarias estudia acciones legales contra ‘El Salvador’

Califican de «jetas» a los responsables de El Salvador y causantes de un «gran daño» al sector

Aldredo Gosálvez, secretario general de Panasef.-E. M.

Aldredo Gosálvez, secretario general de Panasef.-E. M.

Publicado por
Íñigo Arrúe
Valladolid

Creado:

Actualizado:

La empresa de pompas fúnebres de la familia Morchón suma nuevos frentes de reclamación, tras la investigación judicial, la personación de afectados, las denuncias en Comisaría, la inspección de la Junta de Castilla y León, la de Hacienda y las iniciativas de la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE).

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), mayoritaria en el sector, anunció ayer que también estudia emprender acciones legales contra el Tanatorio El Salvador por «jetas» y por haber manchado el nombre del sector con sus malas prácticas de cambiar ataúdes durante 20 años.

El secretario general de Panasef, Alfredo Gosálvez de la Macorra, calificó de «inadmisibles» los hechos conocidos y las prácticas de El Salvador y, aunque no es una funeraria asociada, no descarta emprender acciones legales en el Juzgado. «Jetas hay en todos los lados. Han hecho mucho daño», afirmó.

«Vamos a ser prudentes y a actuar con tranquilidad y dejar que se confirmen los hechos y que actúen las autoridades policialesy judiciales. Luego, si hay que emprender acciones legales, lo haremos porque estamos empeñados en acercar el sector funerario a las familias, en demostrar que son empresas prestadoras de servicios y funcionan muy bien. Y lo de El Salvador hace mucho daño», insistió.

El responsable de la patronal indicó a la Ser que este escándalo debe propiciar en el Gobierno una revisión sobre la situación funeraria española, con distintos criterios o «desajustes» entre autonomías, ya que la actual ley es de 1974 y se ha quedado anticuada, con situaciones asombrosas como que es más ágil llevar un féretro de una comunidad a otra en una dirección que a la inversa, sin olvidar que los requisitos de Policía Mortuaria Sanitaria no esán unificados en toda España.

La patronal Panasef ya expresó su repulsa por los hechos de El Salvador en la mañana del 31 de enero, momento álgido de los registros y de las detenciones, con catorce arrestos ese día. Así, condenó unas prácticas «que van en contra del código deontológico de la asociación», al tiempo que instaba a la justicia a «depurar todas las responsabilidadees». «Este tipo de actos no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas.

«El código deontológico de Panasef, que condena estas malas praxis, es asumido por todas las empresas asociadas y es un compromiso de profesionalidad y transparencia hacia las familias», indicó la patronal, que recordó que en España operan 1.300 empresas de servicios funerarios, que emplean a 11.130 trabajadores y alcanzan una facturación global de unos 1.505 millones de euros.

«ALUVIÓN» DE AFECTADOS

Mientras, en los dos despachos que atienden las reclamaciones de algunos perjudicados, la cascada peticiones es incesante. «Estamos recibiendo un aluvión de llamadas. No hacemos otra cosa», aseguró ayer la letrada Bárbara Royo, de la ‘Plataforma de Afectados Funeraria El Salvador’ en Facebook y con la página web Platafectados.com.

Royo anunció que pelearán para que los perducados recuperen el dinero presuntamente estafado al incinerar con un féretro más barato. También entiende que los familiares tendrán derecho a una indemnización por daños morales.

«Es muy duro no saber si las cenizas que tienes en el salón son de tu padre o no. Y que hayas hecho un esfuerzo importante de 5.000 euros para contratar un ataúd de alta gama porque tu ser querido se lo merece y saber que se ha ido a la otra vida en una tapa», indicó. Royo sostiene que algunos de sus clientes están sumidos en una «depresión» por estas prácticas.

Los testimonios de los afectados también rezuman mucha rabia y ninguna compasión si las medidas judiciales incluyeran un posible precinto del cementero Parque Jardín El Salvador de Santovenia de Pisuerga, propiedad de los Morchón. «A mi me doleria que precintaran el cementerio. Alli tengo a mi familia, a mi padre. Por supuesto que tienen que pagar, pero de la misma manera que han echo ellos», indicó una perjudicada.

Otra vallisoletana exhortó a los bufetes a llegar hasta el final. «Deberéis usar todos vuestros recursos para hundirles en la miseria, dejarlos en la calle, embargarles todas sus propiedades. Que les precinten el chiringuito y no vuelvan a enterrar un solo muerto y que investiguen donde tienen el dinero, que fijo que lo tienen enterrado en su maravillosa necrópolis. Que caiga todo el peso de la ley sobre esa gente que abusa de los sentimientos y el dolor ajeno», concluye.

tracking