La investigación cifra en seis mil los ataúdes cambiados en ‘El Salvador’

El volumen de la presunta estafa de los dueños del Grupo El Salvador con el cambiazo de ataúdes, ya está perfilado. Fueron casi seis mil los féretros retirados antes de la incineración en el período investigado, de 1995 a 2015, según informaron ayer fuentes del TSJ, que sí quisieron recalcar que las prácticas fraudulentas «no afectaron» a todas las incineraciones.

Según la información recabada por la titular del el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que investiga presuntas prácticas irregularidades en la actividad de la empresa funeraria ‘El Salvador’, relativas a la retirada de los ataúdes de gama superior antes de la incineración, para proceder luego a su reventa a futuros clientes, estas prácticas habrían estado realizándose durante 20 años –desde 1995 a 2015– pero no eran sistemáticas. Es decir, que se aplicaron ‘solo’ en un porcentaje alto de las cremaciones.

Siempre según esta estimación de casi 6.000 ataúdes distraídos antes de ser devorados por las llamas, la frecuencia ha sido de 300 al año, o lo que es lo mismo, cinco a la semana. ¿Y cual es la presunta estafa por cada cambiazo?Según las fuentes consultadas, el precio del féretro puede variar desde los 700 euros del más modesto, a los 3.000 del de mayor calidad. Una estimación aproximada del fraude puede ser de 1.000 euros, lo que llevaría a 6 millones de beneficio ilícito.

Un cálculo más que realista teniendo en cuenta que la última hora de las pesquisas apunta a que en muchos casos no hubo ni siquiera un ataúd ‘low cost’ para suplir a la caja noble contratada.

«Empleaban, al parecer, una bolsa, una especie de sudario, para envolver al cadáver, ni siquiera un ataúd de baja calidad», indicaron fuentes cercanas al caso.

VASTA DOCUMENTACIÓN

Una investigación iniciada a partir de la vasta documentación que aportó el trabajador que denunció a Grupo El Salvador. Fue un empleado que trabajó durante muchos años en la empresa y amasó una importantísima cantidad de documentos, incluidas imágenes de esos momentos que ya no suelen presenciar los familiares del finado: el viaje final desde la sala del velatorio al crematorio.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid se limitaron ayer a asegurar que están investigando «todo», cuando se les preguntó por las imágenes de los cuerpos sin ataúd dentro del horno.

El juzgado instructor también dio ayer otro paso adelante en la operación ‘Ignis’ –que remite al fuego de al incineración y al nombre Ignatius de los dos principales acusados– y acordó levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se acordaron las intervenciones telefónicas que hicieron posible la operación con 15 detenidos.

La magistrada acordó el pasado sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil, Ignacio M. A. y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, Ignacio M.V. que aún permanece en la cárcel. Ambos llegaron al centro penitenciario de Valladolid pasadas las 23 horas del sábado y comparten celda en el módulo de primarios tras haber pasado por el médico, una psicóloga y un educador en la jornada del lunes.

Aunque el abogado de ambos declinó realizar declaraciones a este diario, las fuentes consultadas aseguraron que el hijo ya está en el proceso de poder reunir el depósito para recobrar la libertad, eso sí, investigado, como los otros trece detenidos, en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Las fuentes del Tribunal Superior de Justicia explicaron que se trata de una calificación jurídica «genérica y provisional». Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

Las diligencias tienen su origen en 2017. En el marco de esta investigación, el pasado 31 de enero la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.

LA UCE EN PERSONA

La Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE) se personará en la causa de los cambiazos de ataúdes, según explicó ayer su presidente, Prudencio Prieto. «Este miércoles empezamos ya atender las citas con los primeros afectados, después de habernos reunido ya con el gabinete jurídico el domingo y el lunes», afirmó.

Prieto adelantó que la envergadura de afectados es «enorme». Y se refirió no solo a las reclamaciones de familiares, sino también a los incinerados a través de los seguros de decesos. El máximo responsable de la UCE animó a reclamar a todos los afectados, con el máximo posible de documentación, aunque apeló a no tener prisa para evitar «aglomeraciones».

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron que a fecha de ayer se habían presentado siete denuncias en Comisaría de Policía Nacional por estos hechos, goteo que se espera vaya en incremento en los próximos días.