La empresa atribuye la redada policial al litigio que mantuvo con un trabajador

El Grupo El Salvador emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que atribuye la operación policial al litigio que mantuvo con un ex trabajador en el año 2017 y rechaza que se realice cambio alguno de ataúdes durante las cremaciones.

Según su relato, la redada de ayer forma parte de las actuaciones en una «pieza separada» del procedimiento abierto 2017, año en el que, siempre según la versión de la empresa, se vieron sometidos a «un chantaje económico» por parte de un trabajador, «consistente en la reclamación de diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido».

Añade el Grupo El Salvador en su nota que ante «la grave acusación e irrealidad de los hechos objeto de chantaje», presentaron una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policial por un posible delito de extorsión. Tras incoarse diligencias previas ante el juzgado de instrucción se celebró un juicio en el que se «condenó al ex trabajador, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión».

Apuntan en su nota que en la sentencia, que no aportaron junto al comunicado, se indicaba «que el acusado chantajeó a la empresa, con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinará actuación irregular alguna por parte de la empresa».

Es aquí donde la empresa asegura que la intervención de ayer forma parte de una pieza separada del anterior procedimiento judicial «y fruto de la denuncia interpuesta anteriormente por el Grupo El Salvador», un procedimiento en el que, aseguran, se han personado «como acusación particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades, que en su caso, pudieran derivarse».

La empresa ahora investigada termina con un desmentido y afirma que «desde siempre la empresa ha mantenido unos rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia en los procesos de incineración , con el objetivo de que sus clientes tengan la tranquilidad de que se cumple su voluntad en el servicio que se ofrece». Por último, asegura que «todos los crematorios del Grupo El Salvador cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación».

También la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) hizo público un comunicado, pero para pedir «la depuración de responsabilidades, si las hubiera», tras conocer la intervención policial

Conocida la investigación en marcha, Panasef se apresuró a matizar que la mercantil investigada no forma parte de sus asociados, para a continuación condenar enérgicamente este tipo de actuaciones, informa Europa Press.

«En el caso de que se probara la veracidad de las prácticas publicadas e investigadas, instamos a la Justicia a que depuren todas las responsabilidades. Este tipo de actos no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas», advirtieron desde la asociación.

Por último, recordaron que «el código deontológico de Panasef, que condena estas malas praxis, es asumido por todas las empresas asociadas y es un compromiso de profesionalidad y transparencia hacia las familias»