Investigado también un guardia en la red de tráfico de anabolizantes
El agente vallisoletano, destinado en un municipio de Zaragoza, figura entre los 16 implicados en la red nacional de venta de productos dopantes
Edificio de los Juzgados de Valladolid.-EUROPA PRESS
Un guardia civil de Valladolid destinado en un pueblo de la provincia de Zaragoza figura también entre los dieciséis investigados dentro de la Operación Jeta Cachalote por un juzgado de la capital del Pisuerga como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal, por distribuir medicamentos ilegales para mejorar las capacidades de los aficionados al fitness.
En la operación, que se desarrolló en el mes de diciembre y que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, se incautaron unas 25.000 dosis de sustancias anabolizantes, 700 gramos de hachís, 15 gramos de marihuana, 53 de cocaína, 24.000 euros en efectivo y diferentes dispositivos móviles y electrónicos, entre otros efectos, informa Europa Press.
Entre los investigados figura D.L, un agente vallisoletano destinado en una localidad de la provincia de Zaragoza, cuyo nombre aparece en las escuchas telefónicas como persona que, supuestamente, hizo al menos un pedido de estos productos al monitor de gimnasio de Valladolid Manuel J.J, en cuyo domicilio éste había montado presuntamente un ‘consultorio médico’ para suministrar las sustancias, y que recibió el funcionario de la Benemérita en el propio cuartel donde presta servicio.
La policía sospecha de que la mercancía la encargaba el agente para su distribución a terceras personas, en concreto entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que tendrá posibilidad de aclarar el miembro del Instituto Armado el próximo día 28 de febrero, cuando responda por videoconferencia desde el cuartel de la Guardia Civil en la capital maña a las preguntas que le serán formuladas, a partir de las 11.30 horas, desde el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid.
Así, además de investigado por presunto delito contra la salud pública, en las pesquisas también se le atribuiría otro delito de omisión del deber de perseguir dicho delito, dada su condición de miembro de la Guardia Civil.
El principal investigado disponía de un supuesto ‘consultorio médico’ en su domicilio de Valladolid, donde suministraba las sustancias medicamentosas a sus clientes.