El juez vuelve a rechazar la suspensión de la entrada en prisión de Lino Rodríguez

Nuevo revés para el ex presidente de Asaja, Lino Rodríguez, en su propósito de lograr una suspensión de la ejecución de su entrada en prisión para cumplir una condena de dos años y ocho meses de cárcel como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal medial con un delito de fraude de subvenciones.

Jesús Verdugo, abogado de Rodríguez, solicitó el indulto y acto seguido pidió la suspensión de la ejecución de la condena por este motivo al Juzgado de lo Penal 4, órgano que le condenó. Esta solicitud fue rechazada, pero Verdugo presentó un recurso de reforma que el pasado viernes se resolvió negando por segunda vez la suspensión de la ejecución de la condena.

La solicitud de indulto se tramita por cauces no judiciales, en concreto por la vía del Gobierno de la nación. Es una medida de gracia que otorga el Rey a propuesta de la ministra de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros.

Este trámite ya está en marcha y Verdugo ha aprovechado que está pendiente de pronunciamiento para parar la entrada en prisión. El abogado aseguró a este diario que entraba «dentro de lo previsible» que el juez de lo Penal 4, José Luis Chamorro se ratificara en la no suspensión, y agregó que su batalla sigue en instancias superiores. La próxima es la Audiencia Provincial y confía en que pueda tener una contestación en el plazo de un mes.

Otro frente que ha activado Verdugo es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se denegaron pruebas durante la fase de enjuiciamiento, como la caligráfica con la que pretendía demostrar que las firmas extendidas en talones y documentos no eran de Lino. Por ello, entiende que se produjo una «indefensión» de su patrocinado en el juicio. Y pide que, en tanto el Constitucional no resuelva, Lino Rodríguez no ingrese en Villanubla.

Además de los dos años y ocho meses de privación de libertad, la sentencia de Penal 4 confirmada luego por la Audiencia Provincial incluía el pago de una multa de 1.567.007 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a la Junta de 727.568 euros más intereses, con responsabilidad civil subsidiaria la mercantil Campo de Peñafiel, Además, le condenó a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante de cuatro años y medio.