Parques y Jardines recuperará en un año los 26 empleos perdidos en diez
María Sánchez explicó que «para paliar esta situación se ha aprobado nueve plazas de peones jardinero, dos de conductores y un auxiliar administrativo»
Un jardinero trabaja en un parque de Valladolid.-MIGUEL ÁNGEL SANTOS
Durante la crisis de 2008, el número de efectivos era de 128, pasando hasta los 120 en junio de 2015. En la actualidad cuentan con 102, afirmaron desde el Ayuntamiento, asegurando también, a través de un comunicado, que la razón se debe a que la limitación de las tasas de reposición de efectivos acordadas por el Gobierno de España ha impedido la cobertura de las plazas que quedaban vacantes por jubilación.
La edad media de los trabajadores del Servicio supera los 55 años, en muchos casos la antigüedad en la empresa supera los 20-30 años.
María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, explicó que «para paliar esta situación se ha aprobado en la OPE para 2019, 9 plazas de peones jardinero, dos de conductores y un auxiliar administrativo. Además en el concurso de traslados y la promoción interna que está en fase de resolución se completará el resto de las plazas vacantes. Ello supone que en un año se recuperará la totalidad del número de efectivos perdidos en los últimos 10 años». Desde el Ayuntamiento añaden que la realización de contratos de relevo que este gobierno municipal ha recuperado, supone que no se sigue perdiendo efectivos por las jubilaciones, incrementándose en 1,5 por cada trabajador relevado. Con esta medida en las próximas semanas se incorporarán 8 efectivos más mediante contratos de relevo a tiempo completo.
MEDIO AMBIENTE
Además, el Ayuntamiento de Valladolid actualizó ayer la normativa local de protección del medio ambiente atmosférico, realizando una puesta al día en profundidad del viejo reglamento.
De esta forma, el texto pasó a ser una ordenanza reguladora que ayer fue aprobada inicialmente en la Junta de Gobierno Local.
El objetivo del nuevo texto regulador, tal y como apuntó María Sánchez, consiste en el «establecimiento de condiciones objetivas que permitan una intervención eficaz dentro del ámbito de sus competencias, de cuantas actividades, situaciones e instalaciones, sean susceptibles de producir emisiones de gases, humos, vapores, polvos y emanaciones de cualquier tipo». Para así «lograr que la contaminación atmosférica sea mínima», concluyó la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad.