Diario de Valladolid

La exploración física a la niña de Peñafiel descarta que haya sufrido abusos sexuales

La menor sigue bajo protección de la Junta / La juez encarga un informe a los servicios sociales sobre la situación familiar

Publicado por
Íñigo Arrúe
Valladolid

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La exploración física a la que ha sido sometida la niña de 10 años de Peñafiel, supestamente objeto de prostitución, ha dado resultado negativo, según informaron fuentes de la investigación del caso.

El descarte de este delito no ha impedido que la menor siga bajo protección de la Junta de Castilla y León. Doce días después de que abandonara su domicilio, la niña seguía ayer en un centro de menores de la Consejería de Familia de la provincia de Valladolid.

Es más, podría seguir un tiempo, ya que el último movimiento de la magistrada que investiga el caso –Juzgado Instrucción 5 de Valladolid– ha sido solicitar un informe sobre la situación familiar de la niña que, hasta que fue apartada vivía junto a su madre, un hermano y otros allegados desde hacía un par de años, sin que hayan tenido conocimiento hasta ahora de que hubiera podido sufrir abuso.

El informe forense físico ha concluido que no tiene ninguna secuela de abuso sexual y que la integridad de su cuerpo es igual que la de cualquier niña de su edad, por lo que en este aspecto queda descartado que fuera objeto de agresiones sexuales continuadas, tal y como arrancó la investigación el pasado 1 de noviembre por parte de la Guardia Civil de Peñafiel.

Unas pesquisas que se iniciaron no por una denuncia de una trabajadora social de la Diputación, sino como resultado de abordar un «rumor» que circulaba por el municipio, según explicó ayer el delegado del Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales de la Institución Provincial, Conrado Íscar.

«En el pueblo había un runrún sobre este supuesto caso en ambientes de profesores y personas, siempre de forma anónima. Esa información le llegó a la Guardia Civil. El Cuerpo activó entonces un protocolo y preguntó a las trabajadoras sociales, como a otros colectivos, y ellas trasladaron que les habían llegado rumores que partían del colegio, pero en ningún momento ocurrió que una trabajadora interpusiese denuncia por este caso. Eso es falso», insistió Íscar.

La inexistencia de secuelas de abusos entronca con la tesis que más pesaba en el inicio de las investigaciones:que podría ser un rumor sin fundamento. Recordemos la cronología del caso. Si el 1 de noviembre la niña pasaba a manos de la Junta, cinco días después la Guardia Civil informaba que no se había practicado ninguna detención. Aún más, agregó que todo se centraba en ratificar o no la «veracidad» de la denuncia y para ello se pusieron en marcha pruebas forenses y testificales.

El Equipo Mujer Menor (Emume) de la Benemérita que investiga el caso, además de haber entrevistado ya a los familiares –que han negado los hechos denunciados– amplió los interrogatorios al entorno de la niña, con vecinos y otros testigos. Y el trabajo se completó con el encargo de un informe forense físico – el ahora conocido– y un reconocimiento psicológico complementario, que aún no se ha concluido y que, según las fuentes consultadas, lo realizan técnicos de los Servicios Sociales de la Junta.

El resultado de todas las diligencias practicadas se enviará al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, órgano que decidirá si procede o no efectuar detenciones o una nueva declaración judicial. También, como posibilidad, puede decretar el archivo del caso.

Fuentes de la Fiscalía de Menores explicaron que el caso pertenece a la jurisdicción de adultos, ya que, de existir delitos, afectaría a personas mayores de edad. «Solo puede tener interés para la Fiscalía que la menor esté protegida, como es el caso», insistieron.

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades declinaron aportar más información que ratificar que la niña se encuentra en un centro de menores «bajo el sistema de protección a la infancia de Castilla y León».

«Es un tema policial y judicializado y hay que respetar la vía judicial. No podemos aportar más. Los servicios sociales se ponen a disposición de los juzgados y de la Policía», insistieron. La subdelegada del Gobierno, Helena Caballero, pidió actuar con la máxima «prudencia» en el caso.

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