La Audiencia fija el juicio a Samaniego, que se enfrenta a once años de cárcel

Se ha cumplido la intención del presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle. El juicio a Samaniego evitará, en principio, celebrarse poco antes de las elecciones municipales. La fecha fijada por la Audiencia de Valladolid es el 11 de marzo de 2019 –los comicios serán en mayo–, puesto que, como adelantó Trebolle ante este diario a mediados de octubre, los asuntos pendientes de juicio impedían que la celebración de la vista empezara antes de 2019.

Así, el juicio que investiga al ex jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego Conde, para beneficiar a empresas de su entorno familiar y de personas afines a él a la hora de concesión de obras, comenzará a mediados de marzo. El 11 de ese mes se iniciará y se prolongará, previsiblemente y según informó Europa Press, hasta el 13, 14 y 15 de marzo.

La Fiscalía de Valladolid pide 11 años de prisión para Samaniego por los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad en documento mercantil, además de estafa al beneficiar a empresas de su propiedad y las de sus familiares en la concesión de obras municipales entre el año 2000 y 2014.

Además, la acusación pública pide la inhabilitación de Samaniego para empleo o cargo público durante dieciocho años y multas por un importe de 7.776 euros.

Pero Samaniego no es el único presuntamente implicado en esta trama que habría durado catorce años. El ministerio público solicita también siete años y diez meses de cárcel por los mismo delitos para cada uno de los otros tres investigados: el hijo del principal acusado, Luis Javier Samaniego (que en los años 80 era presidente de la Asociación vallisoletana de Empresarios de la Construcción, Aveco), un primo del principal investigado, Antonio Bernardo Samaniego, y para el administrador de algunas de las empresas adjudicatarias, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

Además, la Fiscalía pide que se les multe por valor de 19.980 euros y se les inhabilite durante cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

ACUSACIÓN PARTICULAR

El Ayuntamiento de Valladolid se presenta como acusación particular y pide 45 años para Samaniego sénior por el conjunto de penas: delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa.

El Consistorio también solicita 15 años de prisión y 39 de inhabilitación para el principal investigado, mientras que rebaja las peticiones de condenas para el resto de enjuiciados a diez años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

Poco más se sabía sobre este proceso judicial desde que el pasado mes de febrero se decretara la apertura de juicio y de que la jueza encargada del caso, Verónica María Marcos impusiera el pago de una fianza de 785.000 euros a abonar de forma conjunta, solidaria y a partes iguales por los cuatro acusados: el propio Samaniego, su hijo Luis Javier Samaniego Miguélez, su primo Antonio Bernardo Samaniego y el administrador de algunas de las empresas beneficiadas con la adjudicación de obras, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

En el auto de imputación dictado por la jueza Marcos en mayo de 2017 calculó que el perjuicio causado a las arcas municipales era de 2.464.647 euros, derivado del sistema de reparto de obras que, presuntamente, practicaba Samaniego padre a compañías de su hijo y de su primo.

Según recoge el auto, en los catorce años investigados, la empresa de la que era administrador Samaniego, Castellano Leonesa de Mantenimiento, más las cinco de su vástago y las siete firmas de su primo emitieron 1.316 facturas por valor de 10,9 millones de euros, de los que 9,6 corresponderían a contratos menores, es decir, aquellos en los que no es necesario un concurso público ni una resolución administrativa.

De estos 2.464.647 euros, se desgranan en un concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación (671.8577 euros), perjuicio de ausencia e baja (893.268), perjuicio como beneficio ilícito de los investigados (537.849) y perjuicio por los intereses de demora (361.635 euros).

En su secuencia de los hechos objeto de investigación, la jueza relata que Samaniego adjudicó contratos menores para obras en edificios municipales a empresas suyas o de su entorno familiar «a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón de su cargo», sin comunicarlo al Ayuntamiento de Valladolid «y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar».

De las pesquisas realizadas, se deduce que Samaniego era el proponente de la empresa y el que adjudicaba el contrato. Según explica el auto de imputación de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, el ex jefe de Mantenimiento «participaba presentando las ofertas económicas, elegía las empresas a las que solicitaba factura u oferta y, si era necesario, informaba favorablemente la que el decidía, supervisaba la ejecución de la obra, comprobaba y conformaba la factura emitida».

En mayo, la Audiencia de Valladolid dictó auto ordenando la devolución de las actuaciones en el ‘Caso Samaniego’ al Juzgado de Instrucción número 4 a fin de evitar incurrir en una posible nulidad de actuaciones, dado que en el auto de apertura de juicio oral se omitió la petición del fiscal de incluir, en el capítulo indemnizatorio, la responsabilidad civil subsidiaria del grupo de empresas liderado por el principal investigado, Luis Alberto Samaniego.