Pruebas forenses y testificales copan las pesquisas del caso de la niña de Peñafiel

Un caso de enorme alarma social, pero que lleva su tiempo de comprobación. Así lo manifestaron ayer fuentes del caso de la niña de 10 años supuestamente prostituida por su familia en Peñafiel, para justificar que cinco días después de los hechos, no se ha practicado ninguna detención entre sus allegados. Las pesquisas, informaron, se centran ahora en ratificar o no la «veracidad» de la denuncia y para ello se han puesto en marcha pruebas forenses y testificales.

La denuncia se formuló el pasado 1 de noviembre en el puesto de la Guardia Civil de Peñafiel. Las fuentes informaron que el caso, cubierto por un tupido velo judicial por tratarse de una menor y encima víctima, «en ningún caso» se ha parado. Todo lo contrario.

El Equipo Mujer Menor (Emume) de la Benemérita que investiga el caso, además de haber entrevistado ya a los familiares –que han negado los hechos denunciados– ha ampliado los interrogatorios al entorno de la niña, con vecinos y otros testigos, y también está pendiente del resultado de un informe forense realizado a la niña con reconocimiento tanto físico como psicológico.

El resultado de todas las diligencias practicadas se enviará al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, órgano que decidirá si procede efectuar detenciones y una nueva declaración judicial. Fuentes de la Fiscalía de Menores explicaron que el caso pertenece a la jurisdicción de adultos, ya que, de existir delitos, afectaría a personas mayores de edad. «Solo puede tener interés para la Fiscalía que la menor esté protegida, como es el caso», insistieron.

INVESTIGACIÓN A FONDO 

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades declinaron aportar más información que ratificar que la niña se encuentra en un centro de menores «bajo el sistema de protección a la infancia de Castilla y León».

«Es un tema policial y judicializado y hay que respetar la vía judicial. No podemos aportar más. Los servicios sociales se ponen a disposición de los juzgados y de la Policía», insistieron.

Sobre el caso se pronunció ayer el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien condenó los presupuestos abusos sexuales a la menor de diez años en Peñafiel y pedido que el caso se investigue a fondo.

De Santiago-Juárez insistió en que se trata de unos hechos «muy graves» y un asunto «muy delicado», por lo que reiteró la necesidad de que se investigue a fondo, informa Europa Press.

En concreto, destacó la importancia de profundizar en el caso y conocer qué ha sucedido y, en caso de que se confirmen los abusos, trasladar el caso a la Fiscalía para que actúe y que «el peso de la justicia» caiga sobre aquellos que hayan podido prostituir a la menor. En cualquier caso, el consejero de la Presidencia insistió en la importancia de dotar a la menor de la «mayor protección posible».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero, pidió ayer actuar con la máxima «prudencia» en el caso de la niña de 10 años que ha sido apartada de su entorno familiar ante las sospechas de que pudiera estar siendo obligada a prostituirse.

PRUDENCIA

Caballero, confirmó la información relativa a la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid. «Al tratarse de una menor, ruego prudencia para dejar practicar tranquilamente todas las pruebas y diligencias necesarias», advirtió la subdelegada. Los hechos se produjeron el pasado jueves cuando agentes de paisano de la Guardia Civil de Valladolid se personaron en el domicilio familiar, en Peñafiel, para hacerse cargo de la niña y proceder a su traslado hasta un centro de menores.