La Audiencia dirá qué juez tiene razón en el caso de los ciclistas atropellados
El apelante ve «una aberración jurídica» que el juzgador tenga que ratificar lo decidido por la instructora
Colectivos ciclistas arroparon a la familia Negro y Martínez en el juicio suspendido el pasado 20 de septiembre.-E. M.
El juez de lo Penal 3 ha movido ficha después de que la instructora del caso de los ciclistas atropellados por un camión en la VA-30 rechazase que hubiese fallos en las actuaciones previas al juicio –como sostiene el juez de lo Penal 3– y que por tanto es preceptiva su nulidad. Y recuerda que tiene antecedentes de haber devuelto la instrucción.
El juzgador, Miguel Ángel Martín, no solo se ratifica en su resolución de advertir que el transportista no tuvo asistencia letrada en fases de la instrucción, sino que ha planteado cuestión de competencia a la Audiencia de Valladolid para que resuelva si la instrucción de la juez Elena López Negrete debe efectivamente ampliarse, o que la causa regrese a Penal 3 y fije fecha para el juicio que ya tuvo que celebrarse en mayo pero se suspendió por fallos de videoconferencia, y nuevamente el 20 de septiembre ya que la letrada del camionero planteó la indefensión del camionero en las pruebas de interrogatorios de los testigos, ya que no contó con asistencia de abogado.
Indefensión «palmaria»
En el auto del juez Martín Maestro de 29 de octubre, el magistrado se ratifica en declarar la «nulidad de todo lo actuado» en fase de instrucción «al generarse indefensión por omisión de la asistencia letrada al acusado» en las diligencias probatorias, con excepción de la declaración en calidad de investigado, y las pruebas periciales forenses y policiales, y dispone plantear cuestión de competencia negativa frente a Instrucción 3 al no cumplir el auto firme del de lo Penal 3 de 21 de septiembre».
El titular de Penal 3 deja pocas dudas de su motivación de devolver a Instrucción 3 las actuaciones, ya que sostiene en el auto que la inasistencia letrada al investigado se rebela «palmaria y completa».
Así, recuerda que el transportista Andrés dos S.C. manifestó su voluntad de ser defendido por letrado de oficio, pero no cumplimentó esa petición el Juzgado de Instrucción, de tal forma que se practicó la totalidad de la instrucción sin presencia de letrado defensor, «indefensión generadora de nulidad de las actuaciones y que provoca la devolución del procedimiento».
Martín Maestro recuerda que ni será «la última ni primera vez» que un propio juez «anula sus propias resoluciones», ya que en este caso el procedimiento «es un continuo en el que subsisten las causas de nulidad con independencia de quien haya resuelto y sin necesidad de jerarquía», apostilla. Y añade que es una «aberración jurídica» impedir declarar la nulidad de una prueba vulneradora de los derechos fundamentales.