Competencia lleva al Consistorio a los tribunales por su Ordenanza del Taxi

Primero fue una advertencia por no haber corregido las irregularidades de la nueva Ordenanza del Taxi y acaba de llegar la consecuencia a la inacción del Ayuntamiento de Valladolid: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc)anunció ayer que interpondrá recurso contencioso administrativo contra 16 artículos y puntos del reglamento (son 54 en total), al considerar que vulneran la libre competencia.

La contundente intervención de Competencia obedece al movimiento de seis taxistas de Valladolid después de que el 23 de enero de 2018 el Boletín Oficial de la Provincia aprobara la ordenanza que regula la prestación del servicio del taxi en la capital y en los municipios del alfoz. Los promotores de la impugnación, en su mayoría propietarios de dos licencias, consideraban que la ordenanza les maniataba en su ejercicio profesional como autónomos, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores profesionales.

Uno de los taxistas denunciantes explicó ayer a este diario que los perjuicios son la exclusividad «para trabajar con el taxi, en dedicación exclusiva, pero sin poder abrir o trabajar para otro negocio. Es algo que solo ocurre prácticamente en Valladolid. Nos obligan a estar doce días de descanso sin poder hacer nada más», se quejó.

Otro punto que ha provocado gran malestar, es el requisito de empadronamiento en alguno de los municipios del área de prestación conjunta (APC) y la dificultad de acceso a la habilitación de taxista. «Ahora mismo las licencias no tienen apenas valor. Si yo quiero contratar a algún asalariado con conocimiento de inglés, no lo puedo conseguir. Es imposible. Convocan un examen al año y con muchísima dificultad, ya que se le exige conocer el callejero de la capital y de todos los municipios del área metropolitana», expone.

«Ahora los que quieren vender licencias las traspasan por nada. Antes, con el anterior gobierno municipal, era un examen cada 15 días, y salían todos los meses cinco o seis chóferes. Ahora salen dos chóferes cada tres años. Es mucho más fácil sacar el permiso de VTC. Así es imposible competir. Es como una carrera de abogado. Yo ahora no podría sacar el carnet del taxi», explicó el denunciante, ya veterano.

Otro artículo que ha levantado ampollas es la tarjeta de habilitación solo vinculada a un coche, algo que no entienden. «Pedimos que, si somos los empresarios, podamos decidir qué coche conduce el asalariado porque sucede que tenemos vehículos diferentes, de cuatro o siete plazas, y necesitas versatilidad. Solicitar ahora un cambio de coche es esperar tres meses y, claro, perder la habilitación del que dejas», se quejó el taxista denunciante.

Estos y otros argumentos dieron sustento a la reclamación que presentaron los taxistas el mismo 23 de enero de 2018 ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), impugnación que fue contestada por el Ayuntamiento de Valladolid con un informe en el que defendía la ordenanza.

Pero esta respuesta no satisfizo a Competencia. El presidente de la Cnmc remitió un requerimiento con fecha de 1 de junio de 2018 a fin de que Valladolid adecuara la regulación de los servicios de taxi a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Como no ha recibido contestación pasados varios meses –el plazo era 30 días–, Competencia ha decidido llevar ahora el caso a los tribunales.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, encajó ayer con tranquilidad la noticia. «Mostramos nuestro respeto a que ejerciten sus derechos los que se sientan perjudicados. Si al final de todo se resuelve que tenemos que modificar o anular algún artículo de la Ordenanza del Taxi, lo haremos inmediatamente», aseguró.

Vélez quiso ponderar que Competencia está inmersa en actuaciones de unidad de mercado en «numerosos municipios españoles» y negó que hubiese incurrido en silencia administrativo. Lo primero que hizo el Consistorio al recibir la reclamación fue remitirla a la Dirección General de Transportes de la Junta, ya que es la que delega la regulación de esta materia en el Ayuntamiento. La respuesta fue que no contravenía ninguna ley y así se lo hizo saber a Competencia.

«Cuando llegó el segundo requerimiento entendimos que ya estaban profusamente expuestos nuestros argumentos en la contestación a la Secum. Y recalco, la tramitación de la Ordenanza fue larga, revisada por los servicios jurídicos y avalada por la Junta. Todo ello para dar forma a una demanda histórica como es el servicio del taxi metropolitano y en un mundo como el del taxi que es muy complicado», concluyó Vélez.