Prescritos los delitos para diez acusados del caso PGOU después de 10 años de proceso

El conocido como ‘caso PGOU’, la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid del año 2003, dio ayer un giro con la decisión de la Sección IV de lo Penal de la Audiencia Provincial de archivar las actuaciones seguidas durante años contra 10 de los 14 acusados al considerar prescritos los delitos que se les imputaban.

Tras un complejo proceso que dura ya una década desde que en 2008 el Grupo Municipal Socialista denunció los hechos, con recursos y reiteradas peticiones de documentación por parte de las defensas que han dilatado la instrucción, 10 de los acusados quedan fuera del caso -a la espera de saber si la Fiscalía o la acusación popular recurren ante el Tribunal Supremo- y siguen como únicos imputados los cuatro representantes de la cúpula de la concejalía de Urbanismo en 2003: el exconcejal José Antonio García de Coca, el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

La prescripción fue solicitada por los abogados de los 10 acusados durante los tres únicos días de juicio celebrados hasta que el presidente de la Sala decidió suspender la vista para estudiar esta petición y analizar si, como pidieron también las defensas y la fiscal, se atendía la demanda de nulidad de actuaciones a la vista de las quejas por parte de los letrados defensores sobre la falta de documentación.

Los diez que se caen del caso son los presuntos beneficiarios de la manipulación de planos y mapas del PGOUpara aumentar la edificabilidad de algunos terrenos, cambiar el uso de otros y así «obtener un mayor rendimiento en sus actividades inmobiliarias, según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, y estaban acusados de los delitos de falsedad en documento, en calidad de inductores, en concurso con tráfico de influencias, en el caso de cinco de ellos, y de tráfico de influencias los cinco restantes.

Con peticiones de penas que oscilaban entre los 8 meses de prisión y los 2 años y seis meses, los magistrados de la Sección IV de lo Penal sostienen, en un auto que les fue comunicado ayer a todos los acusados durante una comparecencia celebrada en la Audiencia, que el periodo de prescripción de los delitos para estos diez acusados es de 3 años y en todos los casos el plazo ya se había sobrepasado con creces cuando fueron citados como imputados. De hecho, los delitos ya habrían prescrito para cinco de ellos, Ramón Herrero Merino, Pilar López Mazariegos, Gonzalo Jolín Arijo, Francisco Capellán y Lino Collazos, acusados todos de falsedad documental en concurso medial con tráfico de influencias, cuando en 2008 el PSOEpresentó la denuncia por la presunta manipulación. Antes incluso, por lo tanto, de que empezara la instrucción.

Para ellos el tribunal fija dos posibles fechas a partir de las cuales el tiempo de prescripción empieza a correr.

La primera sería el 15 de diciembre de 2003, día en el que el pleno del Ayuntamiento, «sin someter a la aprobación el contenido de la manipulación», puede leerse, se acordó remitir el PGOU a la Consejería de Fomento. La segunda, propuesta las acusaciones, sería el 27 de febrero de 2004, fecha en la que el PGOUapareció publicado en el Boletín de la Provincia. Dado que estos cinco acusados fueron citados como imputados en marzo de 2012 Ramón Herrero y en octubre de 2014 los cuatro restantes, fechas que se toman como referencia para establecer si hubo o no prescripción, el plazo habría vencido incluso tres veces en los últimos casos.

Para José Ángel Astorga y Antonio Pastrana, acusados de tráfico de influencias por la presunta manipulación de los planos correspondientes al solar de Cáritas en la calle José María Lacort en el que luego se construyó un aparcamiento, así como de la alteración del PGOU para construir un complejo para mayores en la calle Arca Real 54, la fecha a partir de la cual empieza a contar la prescripción corresponde a la que, presuntamente, se produjeron las modificaciones: abril de 2008 y agosto de 2007. Dado que fueron citados como imputados en septiembre de 2011 también habría prescrito, aunque por bastante menos margen, el periodo de tres años establecido por la Sala.

Y la misma situación se da para los tres imputados restantes para los que la causa queda archivada: José Luis González Torres, Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo. Acusados de tráfico de influencias, con una petición de condena de 8 meses, los tres eran socios, siempre según el escrito de la Fiscalía, del grupo Capitol. Este grupo compró unos terrenos en la Avenida de Madrid a Herrero Merino, otro de los imputados beneficiados por la prescripción, que habrían visto incrementada su edificabilidad gracias a la manipulación del plano correspondiente a esta zona.

La aprobación del plano presuntamente manipulado se aprobó en la Comisión de Urbanismo el 27 de julio de 2007, fecha de partida para la prescripción, y dado que fueron llamadas como imputados en septiembre de 2011, el plazo de tres años ya se había superado, de ahí que también el tribunal archive la causa seguida contra ellos.

En el caso de los cuatro que siguen en la causa, García de Coca, Álvarez Aller y Modesto Mezquita se les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno contra el patrimonio, por los que la Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos, que la acusación particular eleva a 6 años en el caso del exconcejal. Para Cerezo Bada pide también cuatro años por falsedad y por dos delitos de prevaricación.

Dado que el periodo de prescripción para los cuatro es de 10 años y todos, salvo García de Coca, en la causa desde sus inicios, fueron citados como imputados en febrero de 2011 todavía no se ha superado el plazo para considerarse prescritos los delitos habida cuenta de que empezó a contar en diciembre de 2003 o febrero de 2004.

En el caso de García de Coca, su defensa no planteó la prescripción y sí lo hizo el letrado de Álvarez Aller, aunque sólo para el delito de falsedad en documento.

Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía y la acusación popular, representada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, disponen de cinco días para recurrir ante el Tribunal Supremo. En caso de presentarse recurso por alguna de las partes, aunque el letrado de la acusación popular, Carlos Castro, dejó entrever ayer que no lo hará, la continuación de la vista se retrasaría todavía al menos un año, el tiempo que el Alto Tribunal puede tardar en resolver.

De no haber recurso, la Sección IV de lo Penal todavía tiene que resolver el resto de cuestiones previas planteadas por los abogados defensores, entre ellas la nulidad de actuaciones al considerar que no se les remitió toda la información del PGOUnecesaria para fundamentar sus escritos de defensa y considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El abogado de la Federación de Vecinos Antonio Machado lamentó ayer que los presuntos beneficiarios de la manipulación del PGOU se queden fuera de la causa y recordó que entre las razones por las que el proceso se ha dilatado estáel hecho de que los letrados defensores tardaron 22 meses en presentar sus escritos. De igual modo lamentó que no pudieran presentarse como acusación hasta finales de 2012 habida cuenta de los 20.000 euros de fianza que les solicitaban, lo que impidió que algunos de los imputados fueran citados antes.