El juicio del camionero que mató a un ciclista se repetirá por nulidad de las actuaciones

Finalmente el caso del ciclista arrollado (y su compañero herido grave) por un camión en febrero de 2016 en la Ronda Exterior (enfilando la salida hacia Arroyo de la Encomienda) regresará al Juzgado de Instrucción número 3 tras decretar el juez de lo Penal 3, la nulidad de actuaciones al comprobar que el transportista portugués no contó con abogado durante alguna de las pruebas testificales.

Según el auto recogido por Europa Press, el juez de lo Penal manda repetir parte del proceso por «omisión de la asistencia letrada durante las diligencias probatorias, con excepción de su declaración en calidad de investigado y las pruebas forense y periciales policiales, respecto las que la defensa podrá solicitar aclaración complementaria». Por este motivo, el magistrado devuelve el proceso a Instrucción número 3 para «subsanar los defectos en las pruebas interrogatorias de los testigos, con la posibilidad de intervención de la defensa». La designación de la abogada de oficio como representante legal del acusado se produjo casi nueve meses después de iniciarse la investigación judicial.

La familia del fallecido muestra su indignación por este motivo, aunque se congratula de que se haya resuelto con la revisión del procedimiento parcialmente, lo que conlleva una duración hipotéticamente de unos cuatro meses, ya que si el juez hubierado estimado la nulidad total de actuaciones, el procedimiento podría haberse alargado en casi dos años. «Hace 2 años y 7 meses del homicidio y todavía no se ha hecho justicia, entre tanto la familia seguimos sufriendo por la trágica pérdida de Jesús, luchando con lo poco que tenemos para que cambien el código penal y pasando los días de juicio como otro entierro, nuestra vida es sufrimiento, agonía desolación y decepción», detalla con dureza el hermano del fallecido, Gregorio Negro.

Las acusaciones solicitan penas que oscilan entre los tres años de privación de libertad y los cuatro y cinco años pedidos, respectivamente, por el letrado del herido grave y del ciclista fallecido.

En menos de dos semanas la propia justicia de la ciudad ha recibido un doble varapalo. Al caso de los ciclistas Jesús Negro y Aitor Martínez se suma el aplazamiento del juicio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) donde los letrados defensores también denunciaron la vulneración de los derechos de los imputados. Además hay que recordar que este juicio ya sufrió un aplazamiento pues el acusado no pudo declarar desde Portugal por problemas técnicos en la videconferencia ya que se escuchaba el audio pero no había imagen.