Colectivos ecologistas y vecinales piden la gestión pública también de los residuos

Si el Ayuntamiento de Valladolid consiguió la remunicipalización del ciclo integral del agua, no sin una fuerte oposición y una batalla en los tribunales, todo hay que decirlo, para devolver este servicio esencial a la gestión pública ¿por qué no va a poder hacerse lo mismo con los residuos? Aunque muy simplificado es lo que, en síntesis, plantean la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, Ecologistas en Acción, la asociación de consumidores Facua y la Asociación Cultural Ciudad Sostenible.

Estos cuatro colectivos rechazan de plano las previsiones de la concejalía de Medio Ambiente para renovar el centro de tratamiento de residuos que el Ayuntamiento tiene próximo a Zaratán y plantean, en un escrito de alegaciones de 61 páginas, que el Ayuntamiento y la Diputación inicien la senda para recuperar la gestión pública del proceso de reciclaje de la basura que generan los habitantes de la capital y los de la provincia, ahora en manos de empresas privadas.

Las instalaciones del Ayuntamiento, que en 2017 recibieron 198 millones de kilos de residuos, el 55% de la capital y el resto de municipios de la provincia, requieren una inversión estimada de 40 millones para ponerse al día y dotarse de la tecnología adecuada después de 15 años de gestión en manos de la unión temporal de empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, y Zarzuela.

Tras caducar la concesión el pasado mes de abril y conceder una prórroga a la adjudicataria hasta diciembre de este año, la concejalía que dirige María Sánchez elaboró un estudio de viabilidad y un anteproyecto con vistas a la contratación del proyecto para la renovación y explotación del centro de residuos, un documento que se ha encontrado con la oposición frontal de estos cuatro colectivos.

En un escrito enviado a la concejalía, piden que no se apruebe el estudio de viabilidad y el anteproyecto, la base que servirá para elaborar el pliego de condiciones con el que saldrá a concurso el proyecto, por entender que «carece del rigor, claridad y precisión necesarios para su finalidad». Sostienen estos cuatro colectivos que buena parte de la inversión propuesta «no es prioritaria para la adecuación del actual centro de tratamiento de residuos, siendo necesario destinar recursos también a un programa de acciones de mejora de la gestión en una fase previa», en referencia a un mayor énfasis en el proceso de separación de la basura en los hogares, que evitaría un ahorro en la fase de tratamiento en la planta.

Pero lo que, sobre todo, echan en falta los cuatro colectivos autores de las alegaciones en el estudio de viabilidad elaborado por Medio Ambientes es «una evaluación rigurosa de los resultados y eficiencia de la planta en el periodo de concesión de la explotación» por parte de Fomento de Construcciones y Contratas y Zarzuela.

Sostienen que este análisis «es imprescindible» para saber si la inversión en nueva tecnología propuesta «es fruto de un error del diseño inicial, de la falta de una inversión puntual para adaptar la instalación a las novedades normativas, del normal agotamiento de la vida útil de los equipos y materiales, del envejecimiento prematuro fruto de la falta de un mantenimiento preventivo y/o correctivo, bien de la inadecuación, cuantitativa o cualitativa, de la plantilla contratada… o bien del conjunto de todos los factores».

Yañaden en su escrito que la ausencia de esta evaluación «arroja una duda razonable sobre la solidez de los citados documentos, invalidando la utilidad del trámite de exposición pública por un déficit de análisis».

A la vista de lo que consideran un «intento fallido» proponen, en lugar de licitar una nueva concesión «que perpetúe la falta de control público del tratamiento de residuos», que se abra un debate para cambiar el modelo de gestión. En concreto, plantean un acuerdo entre las mancomunidades, los ayuntamientos de la provincia y la Diputación para constituir un consorcio provincial que se ocupe de los residuos y añaden que al igual que en el caso del agua «la gestión de los residuos urbanos comparte idénticas exigencias en cuanto a la necesidad de mayor control y nuevas inversiones que mejoren el resultado».

La concejala de Medio Ambiente salió ayer al paso para señalar no es comparable la gestión del agua con la de los residuos. Sánchez explicó que en la planta de Valladolid se tratan residuos de toda la provincia «y por lo tanto la autonomía para tomar decisiones está mucho más limitada». Añadió que el Ayuntamiento «puede decidir cómo gestionar sus propios residuos, pero no los del resto de municipios de la provincia».

A esto sumó la imposibilidad por parte del Ayuntamiento de hacer frente a una inversión de tal calibre para renovar el centro, 40 millones en dos o tres años, dadas las exigencias en materia de estabilidad presupuestaria. Dicho esto, Sánchez apostilló que en el caso de la gestión de residuos «tendría que implicarse la provincia» y dijo que las alegaciones presentadas están en estudio.