La sentencia del Supremo desbloquea las reclamaciones por las plusvalías

La claridad por fin asoma al fondo del tunel impositivo. La reciente sentencia del Tribunal Supremo arroja algo de luz al galimatías creado en los ayuntamientos españoles en mayo del año pasado, cuando el Constitucional declaró ilegal cobrar el impuesto de plusvalías si no se ha producido un incremento en el valor del terreno transmitido. Ahora, con la jurisprudencia sentada por el Supremo, algunos consistorios empiezan a rescatar los expedientes que durante el útimo año han mantenido aparcados. Otros, mientras, se mantienen a la espera de que la modificación de la Ley de Haciendas Locales explique de forma definitiva y homogénea cómo han de proceder los técnicos municipales para exigir (o no) el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos cuando una finca cambia de manos.

Mientras, en los ayuntamientos de Ávila y Valladolid, donde ya se estaban tramitando las reclamaciones, la sentencia del Supremo avala el modo de proceder que venían aplicando, donde el contribuyente debía acreditar la minusvalía para esquivar el pago del gravamen, tal y como ahora ha establecido el Alto Tribunal.

Tanto unos como otros siguen a la espera de la adaptación de la Ley de Haciendas Locales al nuevo marco jurídico. La revisión de esta norma pondrá en negro sobre blanco qué procedimiento deben seguir los consistorios para abordar el cobro del impuesto. Yzanjará el aluvión de reclamaciones administrativas y demandas judiciales presentadas en el último año, con pronunciamientos dispares en las jurisdicciones españolas.

Sólo las nueve capitales de provincia han recibido 5.600 reclamaciones desde mayo de 2017, según los datos facilitados por los propios ayuntamientos.

ÁVILA . El Ayuntamiento de Ávila ha devuelto 57.000 euros a 17 contribuyentes que denunciaron por la vía administrativa el cobro indebido del impuesto.

Pero las resoluciones estimadas hasta ahora son sólo una pequeña porción de todas las reclamaciones recibidas en la ciudad:215 en el último año, cuyo importe global el Consistorio no precisa.

Ávila es uno de los pocos ayuntamientos donde la tramitación se realiza mediante una liquidación:el contribuyente presenta la declaración del impuesto y el Ayuntamiento, tras examinar la documentación, notifica el importe a ingresar. Para ello, los técnicos solicitan las escrituras de adquisición y trasmisión del inmueble en el caso de una compraventa, para comparar ambos precios. Si se trata de herencias, se solicita el valor consignado en la escritura de herencia o en la declaración del Impuesto sobre Sucesiones.

BURGOS . El Ayuntamiento de Burgos acumula unas 700 reclamaciones en el último año. Sólo a tres contribuyentes se les ha devuelto el importe reclamado –todos ellos por la vía judicial– en aplicación de tres sentencias firmes que condenaban al Consistorio a la devolución de un total de 44.948 euros, explica el concejal de Hacienda, el popular Salvador de Foronda.

Por la vía administrativa, el área de Hacienda optó por parar las reclamaciones a la espera de un escenario jurídico estable. «Habremos de esperar a que el legislador realice las modificaciones legales oportunas o bien que exista jurisprudencia sobre la materia y el Tribunal Supremo emita nuevas sentencias, dado, que de momento, solo existe una», añade Foronda.

El concejal asegura que el Ayuntamiento pide al contribuyente que justifique que ha habido una minusvalía en el proceso de transmisión. «Tiene que demostrarlo presentando una tasación elaborada por una firma inscrita por el Banco de España», explica el edil.

LEÓN . En la capital leonesa, la sentencia del Supremo desbloqueará la resolución de las reclamaciones recibidas hasta ahora. «A partir de septiembre se iniciará la resolución de esos expedientes, siendo previsible que mientras tanto el Tribunal Supremo publique nuevas sentencias aclaratorias de la aplicación del impuesto que están pendientes de casación», explican fuentes del Ayuntamiento.

Así, el ayuntamiento leonés retomará después del verano los expedientes aparcados en el último año. Desde mayo de 2017, este Ayuntamiento ha seguido tramitando el impuesto. Sólo cuando el contribuyente alegaba minusvalía se dejaban en suspenso los expedientes, a la espera de la mencionada sentencia del Supremo.

Este Ayuntamiento tiene pendientes de resolver «del orden de 550 reclamaciones contra el impuesto, con una deuda tributaria superior a 1,6 millones de euros», explican al matizar que «no todas responden a minusvalías efectivas, ya que existen otras casuísticas».

PALENCIA . A la vista de la «disparidad» de criterios en los pronunciamientos judiciales del útlimo año, el Ayuntamiento de Palencia también «decidió esperar a la modificación legislativa del impuesto para dar respuesta a las solicitudes presentadas».

Desde mayo del año pasado, en la capital se han recibido 126 reclamaciones, sumando las de aquellos contribuyentes que piden la devolución de los importes pagados en los últimos años como las de quienes alegan que ya no procede pagar el impuesto en las nuevas transacciones si han sido adquiridas a menor precio. Desde el servicio de Intervención dicen no poder precisar el importe pendiente que suman esas reclamaciones.

Entretanto, el Ayuntamiento ha seguido cobrando el impuesto conforme prevé la ordenanza fiscal reguladora para aquellas transmisiones donde no hay duda del incremento de valor, «en régimen de autoliquidación hasta el 31 de diciembre de 2017 y posteriormente en régimen de liquidación», explican desde la concejalía de Hacienda.

SALAMANCA . El Ayuntamiento salmantino sigue estudiando las reclamaciones que llegan. «Si el contribuyente acredita que ha habido minusvalía, lo que hacemos es suspender la tramitación del expediente hasta que se publique la reforma legislativa que indique, de manera clara, cómo se debe proceder», explican fuentes municipales. Para ello, «normalmente» piden al ciudadano «las escrituras públicas» de la compra o herencia.

El Consistorio ha recibido 913 reclamaciones por casi 2,5 millones de euros. Por sentencia judicial ha devuelto el importe de 24 expedientes por valor de casi 206.000 euros.

SEGOVIA . En Segovia se han recibido un total de 1.600 reclamaciones, expedientes que el Ayuntamiento dejó en suspenso hasta que la legislación aclarase la situación. Únicamente a 13 contribuyentes les ha devuelto el dinero reclamado, a todos ellos en cumplimiento de otras tantas sentencias judiciales, según explica el concejal de Hacienda, José Bayón. El importe de esos fallos suma 67.000 euros.

Ahora, a raiz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento ha comenzado a revisar «caso por caso» cada una de las liquidaciones retenidas y reclamadas.

Según afirma el concejal delegado del área de Hacienda, «es imposible por el momento estimar el importe de estas liquidaciones, dado que se estudian caso por caso y exije un análisis minucioso».

Respecto a la documentación que exige el Ayuntamiento, según Bayón, «se piden las escrituras de las transacciones, del momento en que se recibe la propiedad y las sucesivas transmisiones, así como las valoraciones periciales».

SORIA . El Ayuntamiento de Soria también está a la espera de que el Gobierno fije un procedimiento uniforme para todas las entidades locales del país. Entretanto, auguran que los inmuebles beneficiados por la sentencia del Constitucional supondrán una pequeña porción, porque la mayoría de las transmisiones son ventas de pisos después de bastantes años, cuando el precio del terreno era superior al actual.

Al Consistorio han llegado en el último año 80 reclamaciones (todas ellas administrativas) aunque tampoco precisan por qué importe. El concejal de Urbanismo y Hacienda, Javier Muñoz, indica que desde la sentencia del Constitucional no se ha producido ninguna devolución.

En cuanto a la tramitación de los expedientes nuevos de transmisiones generadas desde mayo de 2017, la ordenanza municipal modificada en abril contempla que no se aplique coeficiente a las ventas producidas entre 2005 y 2013. La decisión adoptada es que se aplique el coeficiente cero en esos años para no tener problemas a la hora de liquidar. Se girarán todas pero en las que existe minusvalía no habrá coste, según el Ayuntamiento.

VALLADOLID . Para el Ayuntamiento de Valladolid, el Supremo «avala las actuaciones llevadas a cabo» en el último año para aplicar el impuesto, según explican desde este Consistorio.

Tal y como ahora establece la reciente sentencia, la ciudad vallisoletano venía devolviendo el importe a los contribuyentes que acreditaban la inexistencia de aumento de valor en el momento de la transmisión.

Desde la anulación del impuesto en mayo de 2017, la ciudad ha recibido 1.136 reclamaciones que afectan a 1.836 autoliquidaciones por un importe global que roza los 2,8 millones de euros. El Consistorio ha devuelto ya 223.000 euros a 26 contribuyentes que lo reclamaron por la vía administrativa y otros 9.900 euros a dos demandantes que lo hicieron a través de los juzgados.

Entretanto, otros 976 expedientes están en tramitación, buena parte de ellos (638) a la espera de que el interesado remita la documentación solicitada para acreditar la minusvalía.

ZAMORA . El Ayuntamiento de Zamora está comunicando la suspensión temporal del expediente a los contribuyentes que reclaman, según explica el concejal de Recaudación, Rentas y Padrón, José Carlos Calzada.

Los expedientes nuevos desde mayo de 2017 se están tramitando como establece la legislación «con las cautelas propias de saber que esos preceptos han sido anulados por el Tribunal Constitucional y ver qué va a resultar en esas liquidaciones de la posterior legislación».

Sin facilitar datos, el concejal asegura que no se han recibido «excesivas reclamaciones». El equipo de Gobierno tampoco concreta el importe que pueden suponer.

El Ayuntamiento de Zamora no ha realizado ninguna devolución, ni por vía administrativa ni tampoco por vía judicial «porque los procedimientos están suspendidos hasta que salga la nueva legislación».

Con información de Antonio García, Natalia Escribano, Almudena Álvarez, Teresa Sanz, Milagros Hervada y José Luis Cabrero.