Jueces y fiscales claman contra la dispersión en la jornada de huelga
Los convocantes resaltan una adhesión «generalizada», aunque el TSJ la rebaja al 40,5%
Jueces y fiscales en la concentración que realizaron ayer a mediodía en la puerta del Palacio de Justicia.-E. M.
La jornada de huelga de jueces y fiscales en Valladolid para reclamar el fin de la dispersión de las sedes judiciales o una menor carga de trabajo, fue respalda por la mayoría de ambos colectivos. En la práctica solo se cubrieron los servicios mínimos, las causas o juicios con presos y detenidos y también los casos pendientes de adopción de medidas cautelares.
Por ejemplo, uno de los que se celebró fue el de Vibolid (causa con presa), pero en el receso, los tres jueces de la sección segunda de lo Penal se sumaron a la concentración.
El decano de los jueces de Valladolid, Ignacio Segoviano, informó que el paro fue «generalizado» en los órganos unipersonales de su control en Valladolid (38), a los que hay que sumar otros 25 jueces en órganos colegiados (salas de lo Social, lo Contencioso y Audiencia de Valladolid). «Se han suspendido la mayoría de los juicios y se han celebrado en algunos supuestos, pero muy pocos», resumió.
Fuentes del Tribunal Superior (TSJ)de Castilla y León rebajaron esta cifra de adhesión y la ciñeron al 50,6% en la región –115 de 36 jueces– y al 40,5% en la provincia de Valladolid –32 togados de 76–. Valladolid estuvo en la zona media de respaldo al paro en la Comunidad, con Segovia al frente de la reivindicación (14 jueces de 16), seguida de Zamora (15 de 20) o Salamanca (24 de 32). Pero superó la atonía de León (19 de 55) o la de Soria, con 2 jueces parados de 13.
El hecho de que fuera la primera huelga respaldada por ta totalidad de las siete asociaciones de magistrados y fiscales ya apuntaba, de antemano, un éxito de respaldo. Y así quedó escenificado a mediodía de ayer en la concentración que realizaron jueces y fiscales a las puertas del Palacio de Justicia, con medio centenar de asistentes, encabezados por el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle y la fiscal jefe, Soledad Martín.
Segoviano explicó que respaldan la tabla reivindicativa nacional – medidas para reforzar la independencia judicial, para modernizar la administración con calidad y eficacia, más juzgados para dar salida al incremento de denuncias y la recuperación del poder adquisitivo y derechos laborales perdidos– y puntualizó que la gran demanda de Valladolid es el fin de la dispersión de sedes judiciales por la ciudad.
«Los jueces nos estamos implicando en informarnos de sedes más cercanas a la zona de Angustias para lograr una reagrupación», aseguró el decano. Otra queja es la excesiva carga de trabajo en los juzgados. En los unipersonales de Valladolid entran 31.000 asuntos al año «lo que arroja una ratio que supera todos los sistemas de medición de módulos del CGPJ», afirmó.
Segoviano informó que no todo son malas noticias, ya que entrará un refuerzo en Familia y otro juez en lo Social el 30 de junio. También está previsto otro refuerzo, sin fecha, en cláusulas suelo. Segoviano explicó que los plazos más críticos para señalar juicio se están dando en la jurisdicción Social con una demora de 9 o 10 meses, salvo los despidos que se fijan en cuatro o cinco, y en Penal la demora es de ocho o nueve meses. Los mejores situados por contra, son Civil y Contencioso.
LOS PRESIDENTES DE LOS TSJ APOYAN LAS «JUSTAS» DEMANDAS
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) expresaron ayer su apoyo a las «justas» y «legítimas» reivindicaciones de jueces y fiscales, que protagonizaron ayer una jornada de huelga. Como máximos representantes del Poder Judicial en cada comunidad explicaron que no pueden sumarse a medidas de presión colectivas en su ámbito profesional.
No obstante, en un comunicado denunciaron las «graves carencias que crónicamente» sufre la Administración de Justicia, y que a su juicio los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir. Todo ello, explicaron han desembocado en una situación «insostenible» que genera el «lógico» malestar generalizado de toda la carrera judicial y fiscal.
Finalmente, respaldaron el intento de las asociaciones convocantes de la protesta por mejorar la situación actual así como la mejora de las condiciones profesionales. «Apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden», resaltaron. El encabezamiento de su comunicado dejó clara su postura en segundo plano. «Nuestra posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma nos impide sumarnos a medidas de presión colectivas en nuestro ámbito profesional». En el conjunto de España Más de 3.500 jueces y unos 1.300 fiscales secundaron la huelga, lo que supone el 65% de los magistrados y el 52% de los acusadores públicos.