La UVA descubre la huella censora de la Inquisición en Santa Cruz

Caute lege. Cave. Auctor damnatus. Prohibitus, sed cum expurgationes permissus... Las portadas de cientos de volúmenes de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, entre los miles que se guardan en sus anaqueles, contienen mensajes de advertencia idénticos o similares, premoniciones de un silencio que será impuesto a la fuerza. Cerca de una docena de fórmulas que, en su día, provocarían el escalofrío de cualquier lector. Lee con precaución. Cuidado. Autor condenado. Prohibido, pero permitido con expurgo... El Santo Oficio poniendo sus oscuras garras en lo que el inquisidor Sandoval denominó ‘maestros mudos’ de los universitarios: los libros.

La investigadora Ane E. Galindo Azkunaga (Bilbao, 1979) ha seguido el rastro dejado por la Santa Inquisición en la biblioteca del Colegio Mayor que fundara a finales del siglo XV el cardenal Mendoza, en Libros expurgados de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Valladolid que acaba de publicar la Universidad de Valladolid.

«Era una parte del pasado pendiente de contar», reconoce Galindo en el seno de la biblioteca, convencida de que «la evolución del pensamiento de un país es totalmente dependiente de los mecanismos de censura existentes, así como de su eficacia».

La investigadora halló 619 libros expurgados, con cientos de párrafos tachados con tinta, páginas parcial o completamente emborronadas,dibujos ‘cancelados’, fragmentos de texto cubiertos con parches de papel o, incluso, con una mezcla de arenilla y paja, hojas arrancadas sin reparo... A comienzos del siglo XIX, con la Inquisición viviendo sus últimas horas, la Biblioteca Histórica contaba con cerca de 13.000 volúmenes.

«Para la sociedad debería ser importante saber qué se ha censurado. Hay quien se pregunta si España hubiera sido un país mejor o peor con otra historia, sin, por ejemplo, la Inquisición... Por eso quise centrarme en ello», admite la doctora en Español por la Universidad de Valladolid, que contó con el asesoramiento del catedrático emérito José Manuel Ruiz Asencio, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la doctora Irene Ruiz Albi.

En Libros expurgados, Galindo no solo inventaría los títulos y autores que fueron objeto de censura, sino que explica al lector la naturaleza de la decena de Índices de libros prohibidos con los que las autoridades quisieron mantener a raya cualquier idea que cuestionara los dogmas (desde el primero de 1551, editado por el Inquisidor General Valdés, responsable de los Autos de Fe de Valladolid, hasta el último, publicado en 1790); da cuenta del más de centenar de censores que realizaron su trabajo en las dependencias del Colegio Mayor de Santa Cruz; detalla las distintas formas de proceder de los calificadores, que debían tener «un nivel intelectual aceptable» y acreditar su «limpieza de sangre»; y evoca los desvelos del Santo Oficio por vigilar puertos y fronteras –algún mercader dio con su cuerpo en la hoguera por haber tratado de introducir, ocultos en el doble fondo de unos toneles de vino, ejemplares del Nuevo Testamento del escritor protestante Juan Pérez de Pineda–, así como por controlar librerías y bibliotecas públicas y privadas, con inspecciones coordinadas e imprevistas.

Curiosamente, como señala Galindo, fue en Francia (fundamentalmente en París y Lyon) donde se imprimieron las obras más censuradas, no en los países «donde se extendían la herejías».

Humanistas, filósofos, filólogos y traductores estaban bajo sospecha y sus obras eran revisadas, una y otra vez, con el paso de los años. «La leyenda negra de España pesa, pero hubo otras épocas y otros lugares peores en cuanto a censura. Es difícil valorar el impacto que tuvo todo ese control sobre el desarrollo cultural del país, pero tengo la impresión de que no tuvo tanta repercusión como la propia Inquisición creía. Era muy difícil poder controlarlo todo: había ciudades que eran coladeros de libros extranjeros y en las bibliotecas particulares existían libros prohibidos. Incluso se ve en el comportamiento de los censores, muchos, que quizá eran más devotos, eran rigurosos, pero otros hacían el expurgo a la ligera. No era una labor pagada», advierte Galindo.

AUTORES

A modo de ejemplo, la investigadora señala que, pese a ser uno de los autores más vigilados, la Biblioteca Histórica tiene varios libros de Erasmo de Rotterdam que se salvaron de ser expurgados, «quizá porque pudieran estar guardados en algún arcón o porque alguien los protegió». Llaman la atención otros autores censurados, como Fernando de Rojas por La Celestina. También Aristóteles, Platón, Plutarco, Homero, Ovidio, Sófocles, Ptolomeo, Petrarca, Bacon, Voltaire, San Juan de la Cruz, Francisco de Vitoria o Luis Vives.

De las garras de la inquisición no se libró ni Benito Arias Montano, a quien Felipe II pidió que realizara un Índice expurgatorio para evitar que los libros fueran destruidos por completo solo por unos pasajes contrarios a la ortodoxia. Su Biblia políglota aparece en Santa Cruz ‘marcada’ con un Author damnatus, opus a paritate permissum (Autor condenado, pero igualmente obra permitida).

Lo cierto es que los expurgos mantenían, a su manera, los libros con vida. No ocurría lo mismo con los títulos prohibidos, condenados a desaparecer dejando un vacío difícil de medir. Como señala la autora, la labor censora, realizada a menudo por miembros de la comunidad responsable de los libros, como los colegiales de Santa Cruz, era tan larga y costosa que a menudo se procedía a prohibir la obra al completo. Galindo recuerda que dos calificadores renunciaron a revisar la librería de la Casa del Sol, la más rica en volúmenes de Valladolid, al ser una «obra de romanos» que podría ocuparles dos o tres años de sus vidas. Y, tal era el terror que infundía el Santo Oficio, que muchos propietarios realizaban por sí mismos el expurgo excediéndose en su labor censora.