Los ocupados que reduzcan su jornada para conciliar recibirán ayudas de la Junta

La Junta de Castilla y León compensará con subvenciones «la disminución de ingresos a las personas trabajadoras de Castilla y León que ejerciten los derechos de reducción de la jornada laboral y de excedencia para el cuidado de menores a su cargo y/o personas dependientes». Ésta es la principal novedad del anteproyecto de ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, al que Junta, patronal y sindicatos han llamado también de «eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León».

El texto normativo pionero en España, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue pactado el pasado 26 de marzo por los consejeros de Familia y Empleo, Alicia García y Carlos Fernández Carriedo, junto con los líderes regionales de CCOO, UGT y Cecale.

El acuerdo implica también la concesión de subvenciones a las empresas que contraten a parados para sustituir a los trabajadores que reduzcan su jornada o se acojan a excedencia para cuidado de hijos, familiares o por suspensiones de contrato por riesgo en el embarazo, lactancia o adopción.

En esta línea de apoyos públicos, la Junta también subvencionará a las empresas que incorporen en sus convenios medidas de racionalización de horarios y reordenación o flexibilidad de tiempos de trabajo y jornada, siempre para conciliar la vida laboral y familiar.

La apuesta por la conciliación anota en el nuevo proyecto un régimen de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para fomentar los permisos de maternidad cedidos por la madre al progenitor tras el nacimiento u adopción del hijo, así como para apoyar el cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas, centros infantiles o en el domicilio familiar.

Como es lógico, el anteproyecto de ley no precisa ni la cuantía de las ayudas ni el peso de las deducciones fiscales. Para ello, prevé la aprobación de un plan regional de conciliación y corresponsabilidad que deberá estar aprobado en 18 meses después de la publicacion en el Bocyl de la ley.

Este plan deberá contener un estudio diagnóstico para conocer la situación de partida y las necesidades, «tanto en el medio rural como en el urbano», en materia de conciliación y corresponsabilidad. Además, en la planificación de las actuaciones la Junta deberá incluir objetivos y medidas para eliminar la brecha salarial en el ámbito de sus competencias.

Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales «deberán aprobar, periódicamente, planes para el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres»;también para eliminar la brecha salarial de género.

Las empresas que mantengan una actitud proactiva de promoción de la igualdad y de impulso a la conciliación tendrán premio.La Junta las reconocerá públicamente, al tiempo que distinguirá «las mejores prácticas innovadoras» en este campo.

EMPLEO PÚBLICO. Al menos ocho iniciativas, la mayoría genéricas, tendrá que llevar a cabo la Junta para garantizar la igualdad y la conciliación entre el personal de la Administración autonómica. La Consejería competente en función pública deberá modificar la normativa que regula los permisos y licencias para reducir la diferencia y propiciar un uso equilibrado en algunos tipos de excedencia, que ahora llevan más a las mujeres a solicitarlas. También se marca el objetivo de equiparar progresivamente los permisos paternales,«en función de las disponibilidades presupuestarias». El resto de medidas tiene que ver con flexibilidad de horarios, sistemas de cómputo más amplios y mayor acceso al teletrabajo.

«La presente Ley quiere reforzar y poner énfasis en el reconocimiento del derecho a conciliar de las personas y las familias, en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y en la eliminación de la brecha salarial», destaca la exposición de motivos del anteproyecto.

Sobre la eliminación de la brecha salarial, a la que la norma dedica uno de los tres títulos, la Junta de Castilla y León se compromete a incentivar a las empresas que transformen los contratos indefinidos a tiempo parcial, formalizados por mujeres, en contratos a tiempo completo. Es una de las trece actuaciones previstas al respecto que pone deberes a la Administración regional. El resto son para poner en marcha medidas de transparencia en las retribuciones de los 85.000 empleados públicos, «debiendo hacer público un informe anual sobre la brecha salarial de género»; la inclusión de cláusulas sociales en materia de igualdad en los contratos con administraciones o empresas y la incorporación de criterios de valoración en las ayudas a quien adopte medidas de igualdad retributiva.

El Gobierno regional se compromete también en ese sentido a «promover» que haya «una representación equilibrada entre hombres y mujeres en puestos de responsabilidad» tanto en la Administración, como en las empresas públicas.

Los promotores de esta normativa persiguen una mejora de la estadística regional en materia de igualdad.Para ello, han comprometido a la Junta para que dedique un apartado concreto a todas aquellas situaciones que inciden en la brecha salarial de género.

La adopción de medidas de información sobre la estructura salarial, de transparencia retributiva y de brecha salarial de género servirá a la Junta de criterio de valoración en la concesión de subvenciones.

La futura ley tratará de «combatir» la «segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo». Al respecto, prevé que se incentive la contratación de mujeres en aquellos sectores donde estén infrarepresentadas.

El anteproyecto contempla también la aprobación de planes de igualdad en las pymes y micropymes y que éstos se inscriban en el registro.

Aunque ya lo viene haciendo, la nueva normativa impulsará las «campañas de inspección dirigidas a verificar el cumplimiento de la normativa», con el fin de verificar que se cumplen los planes de igualdad y de eliminación de la brecha salarial.

PARTICIPACIÓN. La ley crea la «Sección de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha salarial de género». Estará enmarcado en el Consejo de Servicios Sociales y nace para hacer un seguimiento de las medidas y proponer mejoras.Estará integrado por representantes de las administraciones públicas con competencia en el ámbito de esta normativa y por CCOO, UGT y Cecale.

ÁMBITO EDUCATIVO. El proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno e informado por el CES y el Consultivo antes de iniciar su trámite parlamentario, dedica un artículo al ámbito educativo muy centrado en horarios y centros. En este campo, la Consejería desarrollará programas que incluyan «ampliación de horarios de apertura» en los centros públicos, así como extensión de estos desde la finalización de las actividades docentes durante todos los días lectivos.

Contempla para este fin programas dirigidos a la atención lúdica de niñas y niños durante los periodos vacacionales en colaboración con las entidades locales.

La Junta de Castilla y León estará obligada, cuando se apruebe la ley en las Cortes, a promover la creación de más centros infantiles de 0 a 3 años, si bien será el plan regional el que determine su nivel de ampliación.Además, en el medio rural mantendrá una red pública que preste servicios de atención a menores de tres años.

SERVICIOS SOCIALES. Para este reto de la conciliación, la Consejería de Familia «creará y/o extenderá determinados servicios» que tienen un impacto directo en la conciliación, sobre todo los destinados a menores, mayores y personas con discapacidad y/o dependencia. El anteproyecto de ley se fija sobre todo en la necesidad de desarrollar «una red de centros de día y residenciales», programas de estancia diurna, unidades de convalecencia sociosanitaria, programas de respiro familiar, teleasistencia avanzada y servicio de ayuda a domicilio.

INNOVACIÓN. El medio rural está presente de forma especial en el texto pactado por la Junta, los sindicatos y la patronal. Para los ciudadanos de este ámbito se plantea la necesidad de promover programas o actuaciones innovadoras destinadas a evaluar nuevas formas de cuidado a menores, personas con discapacidad y personas dependientes. Ysobre todo, impulsar nuevas metodologías, herramientas y experiencias innovadoras en relación con las formas de trabajo.

PLAZOS. Los promotores de esta ley esperan que esté aprobada en esta legislatura. Sin embargo, algunos aspectos tendrán que esperar a la siguiente. La ley se da un plazo de dieciocho meses para aprobar el plan regional que la desarrolle y concrete; establece doce meses para los planes de ayuntamientos y diputaciones, y un año para que la Administración autonómica analice en el seno de su plantilla las medidas, los puestos de trabajo y los salarios en el marco de la negociación colectiva con los representantes sindicales.