La hermana de Martín Baró mantiene la «esperanza» por la apertura del caso

Alicia Martín Baró, hermana del sacerdote vallisoletano asesinado en El Salvador en 1989, Ignacio Martín-Baró, valoró en declaraciones a este diario la decisión del juzgado de reabrir la causa que acabó con la vida de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras hace casi 30 años. La hermana mantiene la «esperanza».

Martín Baró afirmó que después de tanto tiempo «no sabe qué pensar». Conserva la ilusión y la «esperanza» desde 1989 de que la situación pueda terminar «en poco tiempo», pero afirma que «muchas veces nos han dado indicativos, sin mala intención o voluntad, para pensar que el caso iba hacia adelante y luego se quedaba todo en agua de borrajas».

Preguntada por sus deseos, la hermana mayor de Ignacio Martín-Baró sostiene que le gustaría tener la sensación de que «el caso va a avanzar» pero se resigna al reconocer que es complicado y «difícil». Aún así, pide «justicia, verdad y realidad», lo mismo que han pedido todos estos años «los jesuitas y sus hermanos». Hasta el momento, sus hermanos de Madrid, los que han ido al juicio, han venido contentos y con «buenas impesiones».

Las declaraciones de Alicia Martín Baró se producen después de que el Juzgado Tercero de Paz de la capital de El Salvador ordenara este miércoles la repaertura del proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras hace casi 30 años. Entre los asesinados, se encontraban los sacerdotes vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el burgalés Amando López Quintana.

Un tribunal salvadoreño revocó una sentencia de hace 18 años que absolvía a los acusados en el juicio por el asesinato de los seis jesuitas españoles durante la guerra civil.

Entre los acusados, ya retirados, se encuentran Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España por el crimen. Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como ‘La Tandona’, que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de ‘tierra arrasada’.

Arnau Baulenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), y que solicitó la reapertura, explicó que el juzgado mandó a la Fiscalía a presentar la acusación para programa la primera audiencia. En este sentido, «el juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso», detalla Baulenas, quien además apuntó que la acusación debe atender una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.

El juzgado declaró la «nulidad absoluta» de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el ex presidente Alfredo Cristiani.

El Idhuca pidió en noviembre del año pasado la reapertura de la causa penal contra los ‘autores intelectuales’ de la masacre. La decisión judical «se dilató un poco porque se presentaron un par de excepciones por parte de la defensa» para tratar de evitar la reapertura y en las que se argumentaban que había «cosa juzgada» y «falta de acción».

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López, además de a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

Además de la causa reabierta en El Salvador, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga también la matanza de los jesuitas asesinados en 1989.