El ex jefe de mantenimiento de Valladolid se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel

El llamado ‘caso Samaniego’, la presunta trama urdida por el que fuera jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, para adjudicar obras municipales a 13 empresas de su entorno familiar en el periodo 2000-2014 avanza en un proceso que dura ya tres años y que ayer dio un nuevo paso con la presentación del escrito de acusación por la asesoría jurídica municipal. El Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicita penas que suman 45 años de prisión para los 4 investigados: el propio Samaniego, su hijo Luis Javier Samaniego, su primo Antonio Bernardo Samaniego, ex presidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco), y un socio del primero en dos empresas, Miguel Rodríguez Patín.

En el escrito elaborado por la asesoría jurídica municipal se atribuye a los cuatro imputados la comisión de seis delitos, prevaricación, fraude y exacción fiscal, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y solicita 15 años de cárcel para el ex jefe de Mantenimiento, además de 39 de inhabilitación, y 10 años de prisión para cada uno de los tres restantes. Para estos últimos pide también, para cada uno de ellos, 17 años de inhabilitación para empleo y cargo público, 5 más de inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas así como para ser beneficiarios de bonificaciones fiscales y 6 más de inhabilitación especial.

En su argumentación, sostiene que las 13 empresas del grupo familiar de Samaniego, una de ellas, Castellano Leonesa de Mantenimiento, de la que era administrador el ex jefe de Mantenimiento, más las 5 de su hijo y las siete de su primo emitieron 1.316 facturas en el periodo 2000-2014, aunque no cita el importe.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4, Verónica María Marcos, sí que lo hizo en su auto de imputación y cifró el montante de las facturas en 10,9 millones de euros, de los que 9,6 corresponderían a contratos menores, es decir sin necesidad de concurso ni de resolución administrativa.

El Ayuntamiento apunta a Samaniego como el responsable de adjudicar «cientos» de contratos menores para obras en edificios municipales en el término de Valladolid a empresas suyas o de su entorno familiar «a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba», sin comunicarlo al Ayuntamiento «y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar».

Añade en su escrito que los otros tres investigados participaban junto al ex jefe de Mantenimiento en la adjudicación «al presentar sus empresas, por orden de aquel, a la licitación de estos contratos menores, con el consiguiente beneficio privilegiado para ellos, sabiendo todos que Luis Alberto tenía incompatibilidad en cuanto a esta actividad».

También, en el apartado de hechos en los que se sustenta la petición de condenas, se recoge parte de un informe elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial. En el se relata que hasta 2004 «en algún caso» se adjudicaban obras a empresas ajenas al ex jefe de Mantenimiento, pero a partir de ese año «se invitan a tres de sus empresas y siempre resultan adjudicatarias ellas».

De las actuaciones practicadas se desprende que Samaniego era el proponente de la empresa y el que adjudicaba el contrato. «Como él presentaba las tres ofertas por sus empresas y él adjudicaba siempre se llevaba las obras», se dice en otro momento al reproducir parte del informe de la Policía Judicial. Con este procedimiento, prosigue la secuencia de los hechos, al final no sólo se lucraron personas de su entorno «sino el propio Luis Alberto Samaniego Conde, el cual, como ha quedado demostrado en la documentación intervenida posee intereses y participación directa en casi todas las empresas privadas objeto de investigación».

Tras el análisis de las facturas emitidas por las 13 empresas investigadas, el Ayuntamiento cifra en 2.464.647 euros el perjuicio causado a las arcas municipales, un dinero que el alcalde, Óscar Puente, aseguró en su día que reclamaran «hasta el último céntimo».