Un empresario sostiene que le forzaron a vender a eólicas fijadas por Delgado

Asegura que las «maniobras» del ex viceconsejero y ex secretario general de Economía, Rafael Delgado, con la autorización de licencias de parques eólicos le supusieron un quebranto de más de quince millones de euros.

El empresario berciano Miguel F. Álvarez de Toledo, de Ingeniería Yedra 10, sostiene ante los magistrados de la Audiencia Provincial que le forzaron a vender sus participaciones en una mercantil a una empresa de la trama eólica, fijada por Delgado, muy por debajo de su valor.

Los argumentos de este particular agraviado se sustentan en un memorándum, en un estudio técnico y en un listado de empresas «obligadas a vender» y otro de eléctricas compradoras, que han servido para que la Audiencia acepte por primera vez que un empresario se presente como acusación particular en la causa, que instruye el juzgado de Instrucción 4 de la capital vallisoletana y que investiga el supuesto cobro de comisiones en torno a los 80 millones en la instalación y concesión irregular de parques eólicos.

Este juzgado rechazó previamente esta petición que, ahora, la institución provincial admite en respuesta a un recurso de apelación.

La argumentación de la Audiencia Provincial de Valladolid es clara y en su auto de aceptación del recurso de la sociedad para ser parte en la causa señala que a la luz de los hechos indiciarios existen «elementos suficientes», incluso con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que permiten considerar a Ingeniería Yedra 10 «como parte perjudicada por las maniobras y presuntos actos delictivos de los querellados, que son objeto de la presente investigación».

Tal y como recoge el escrito judicial, Ingeniería Yedra 10, que era socio minoritario de la mercantil Ider, tuvo que vender todas sus participaciones en ésta última por un precio de 860.144 euros, pactándose que adicionalmente la compradora satisfaría una cantidad de 1,4 millones como ajuste al alza del precio de la compraventa. Estos precios, detalla el escrito, «serían inferiores a los valores del mercado».

En concreto, los magistrados precisan que «los indicios indicarían que esta sociedad tuvo que vender a un 10 o 15% del valor que hubiese obtenido en un mercado transparente y libre».

Un mercado en el que –señalan– la actividad de promoción y explotación de los parques eólicos «no hubiese tenido esa presunta interferencia ilícita de la actuación de los investigados».

Álvarez de Toledo, representado por el despacho Alcantud-Mayendía, estipula ese perjuicio para la mercantil por esa venta por debajo de los precios de mercado en exactamente 15.690.000 euros.

El escrito judicial, que contradice a Instrucción 4 al admitir la personación, que ya había sido en reforma, detalla que «las prácticas y actuaciones seguidas por los investigados, objeto de este procedimiento y que pudieran ser constitutivas de delito», no dejaban muchas opciones a la empresa Ider, de la que Álvarez de Toledo era socio minoritario con un 6,12% del capital social, si deseaba conseguir la aprobación de las licencias. «Llevarían a que Ider, para que pudieran prosperar las autorizaciones de los eólicos que estaba tramitando, tuviera que acceder a la venta de participaciones en favor de empresas vinculadas con el señor Delgado a un precio por debajo del valor del mercado, beneficiando a los adquirentes», según refleja el documento de seis folios.

Las prácticas denunciadas del que fuera ex viceconsejero de Economía y secretario general entre 2003 y 2011 consistían –como se vuelve a recordar en este auto– en paralizar la tramitación de las licencias eólicas con la pretensión de que los parques fueran vendidos o traspasados a empresas afines y asignar, además, una participación en los parques de algún empresario local.

La querella recogida en el auto expone que la empresa Ider había solicitado en 1998 y en León cuatro parques [Era del Pico, Cerro Becerril, El Pedrón y la Mallada].

Añade que los cuatro «podían haber sido autorizados en 2004», ya que contaba con todos los requisitos para ello, como la declaración de impacto ambiental, y, sin embargo, Delgado «no firmó la correspondiente autorización» de uno de ellos y paralizó los otros tres con el único objetivo de que recayeran en Biovent, propiedad de Iberdrola.

Una operación similar se relata sobre un quinto parque, el de Argañoso, solicitado por la propia Ider, esta vez junto a Gamesa Energía en 1999, y que no recibió la declaración de impacto ambiental hasta junio de 2005, aunque no le sirvió de mucho.

La beneficiada en este movimiento fue Energía Global Castellana, propiedad de Iberdrola y de los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, ambos querellados y en el centro de la trama junto con Delgado.

A esta compañía le fue asignado para que fuera vendido o cedido por orden del ex viceconsejero de Economía de laJunta de Castilla y León, siempre según se rela ta en el auto. Finalmente le fue traspasado el parque 13 de septiembre de 2005, pero el acuerdo de avocación del parque no se dicta hasta un mes después, «el 25 de octubre», según el auto.

La aceptación de la personación de esta empresa como acusación particular abre la vía a nuevas reclamaciones por otras empresas perjudicadas obligadas a vender.