El presidente de la Audiencia de Valladolid, partidario de la prisión permanente revisable para Tejero
Feliciano Trebolle considera que esta pena es la forma más apropiada de evitar casos como el protagonizado por el asesino de Olga Sangrador

El presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, en una imagen de archivo.-MIGUEL ÁNGEL SANTOS (PHOTOGENIC)
Prisión permanente revisable. Ésta es la fórmula que el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, considera más apropiada como forma de evitar casos como el protagonizado por el asesino de Olga Sangrador, el vallisoletano Juan Manuel Valentín Tejero, detenido otra vez la pasada semana y ya en prisión acusado de abusar de otra menor de edad sólo cuatro años después de recuperar la libertad tras pasar dos décadas encerrado por el rapto, la violación y el asesinato de la niña de nueve años de Villalón de Campos.
Por esta pena abogó, en declaraciones a este diario, el también presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, quien impuso en su día la condena a Tejero y cuya sala dictó, en noviembre de 2013, el auto de excarcelación del criminal tras la anulación de la Doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Trebolle recordó que el Derecho Penal «no tiene efecto retroactivo», en el sentido de que hay que aplicar el Código Penal que existe en el momento en el que se cometen los hechos, por lo que, cuando se emitió la sentencia en la década de los noventa, no se pudo condenar a Valentín Tejero ni a la libertad vigilada ni la prisión permanente revisables. Estas penas están hoy incluidas en el Código Penal a raíz las consecuencias, según expresó Trebolle, de la anulación de la Doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo y la puesta en libertad de numerosos delincuentes sexuales reincidentes.
«Para mí, la prisión permanente revisable es una pena constitucional que se adecúa al principio de rehabilitación de los reos», sostuvo el presidente de la Audiencia vallisoletana, que defendió su postura en que «se encomienda el control del penado al órgano judicial que está ejecutando la sentencia condenatoria», por lo que, al existir ese control, se pueden tomar decisiones en función de si el individuo está rehabilitado.
Y es que el debate sobre las penas a delincuentes sexuales se ha reavivado en los últimos meses tras las detenciones de Tejero y del también vallisoletano Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor. Gallego fue encarcelado de nuevo el junio por cuatro agresiones sexuales en las inmediaciones del hospital madrileño de La Paz, hechos presuntamente cometidos tras cumplir también su condena por el asesinato de la niña burgalesa Marta Obregón y de la vallisoletana Leticia Lebrato.
La prisión permanente revisable se introdujo con la última reforma del Código Penal en 2015 y ha sido aplicada por primera vez a David Oubel, el hombre condenado por matar a sus hijas de 4 y 9 años con una radial eléctrica.
DÍA TRISTE
El caso de Valentín Tejero, tal y como confesó a Europa Press el propio Trebolle, supuso personalmente para él y sus compañeros de sala uno de los más duros de su carrera, no sólo por el juicio propiamente dicho celebrado contra el asesino de Olga Sangrador sino a posteriori, una vez cumplida la condena, ya que el tribunal sentenciador no tuvo margen de maniobra alguna a la hora de decretar su licenciamiento o excarcelación, después de que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la Doctrina Parot, que podría haberle mantenido aún más tiempo entre rejas.
«Personalmente, el auto que dictamos fue una de las resoluciones más tristes en el ámbito de mi profesión dentro de la Administración de Justicia», reconoció el magistrado. «La primera fuente de derecho en España es el derecho europeo y el Tribunal Constitucional, que nos vinculan en nuestras resoluciones, y por tanto el acatamiento ha de ser pleno y no había otra salida», lamentó Trebolle, quien, sin embargo, explicó que ya entonces eran plenamente «conscientes» de que el auto de excarcelación de Valentín Tejero suponía un grave riesgo para la seguridad del resto de ciudadanos.