El Gobierno camufla las negligencias en el caso Sara

Ni explicación, ni asunción de responsabilidad, ni reconocimiento de errores en un proceso que estuvo plagado de ellos y que terminó con la trágica muerte de la pequeña Sara, de cuatro años, presuntamente a manos del novio de su madre, que le habría golpeado y abusado sexualmente de ella.

El Gobierno camufla las negligencias del caso Sara y, como ya hiciera en Castilla yLeón la consejera de Familia, Alicia García, apenas admite fallos, pese a que un pediatra advirtió de golpes en la menor 22 días antes de que muriera.

El diputado de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, formuló tres preguntas escritas en el Congreso dirigidas al Ministerio de Justicia para conocer su actuación los días previos al reciente homicidio de esta niña de La Rondilla, el pasado 3 de agosto.

La contestación del departamento que dirige Rafael Catalá, registrada el pasado 30 de octubre, no responde a prácticamente ninguna de las cuestiones enunciadas.

En apenas dos folios, el Ministerio se limita a efectuar un relato de los hechos, por otro lado, ya conocidos a través de los medios de comunicación y algunos sin que ni siquiera sucedieran como describe en su escrito.

No esclarece si, como interroga Igea, se dirigió al fiscal general del Estado «para que abra una investigación sobre lo ocurrido y, en su caso, la posible existencia de un delito de omisión del deber de socorro respecto a una menor».

También hace caso omiso sobre si se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial «para que abra una investigación que determine la posible existencia de negligencias y responsabilidades en este asunto».

Pero va más allá. Lejos de ofrecer alguna explicación sobre su proceder, llega incluso a mentir sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Menores.

La niña acude el 11 de julio a Urgencias con su madre, ahora en prisión también por el crimen. El pediatra alerta de posibles malos tratos, pero la policía sólo da verosimilitud al testimonio de la madre y trata el asunto como un caso de violencia de género hacia la mujer. El 12 de julio se presenta el atestado policial ante el juzgado de violencia de género.

Hasta ahí, los hechos relatados por el Ministerio coinciden con los expuestos por la Consejería y publicados por los medios.

El juzgado de Violencia de Género abre diligencias el 14 y, una semana después, el 21 de julio, archiva la causa dado que la mujer no  quiso denunciar. Y aquí incurre el Ministerio en una falsedad al indicar que «paralelamente la Fiscalía de Menores de Valladolid realizó diligencias de averiguación, poniéndose en contacto con los servicios sociales de la Junta».

El Ministerio Público se limitó únicamente a enviar una carta por correo ordinario que no llegó a los Servicios Sociales hasta el viernes 21 de julio.

Otra cuestión que plantea Ciudadanos es la de si los frecuentes fallos reconocidos del sistema informático Lexnet influyeron «en la toma de decisiones», en que la Fiscalía decidiera enviar la notificación del caso a Servicios Sociales de la Junta por un medio tan inusual, sobre todo para casos de esta naturaleza, como es mandar una carta por correo postal.

El Gobierno descarta este extremo y sostiene que el sistema funcionó y que se actuó «sin que tuviera incidencia alguna».

Despacha el Ministerio las preguntas aseverando que, «desde el principio, los hechos investigados estuvieron en conocimientos de la jurisdicción», sin precisar ninguno de los puntos y actuaciones concretas sobre los que preguntaba C’s.

Ante esta respuesta, Igea indica que «está claro que todo fue un desastre desde el principio, cuando se hizo un sólo atestado por violencia de género, en vez de dos». También alude a los «fallos de protocolo y de comunicación».

Por ello, confía que prospere la proposición no de ley presentada por su grupo, que aún debe discutirse, para «intentar cambiar el protocolo». Esta propuesta contempla la «obligatoriedad de la permanencia del menor en el hospital hasta que es valorado por un forense, se ha comunicado al juzgado de guardia y recibe la valoración de riesgo por parte de los Servicios Sociales».

LA JUEZ LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO y EL SOSPECHOSO DECLARA DE NUEVO

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid que investiga la muerte de Sara, la niña de 4 años que murió el pasado día 3 de agosto por supuestos malos tratos y abusos sexuales ha acordado finalmente levantar el secreto de sumario.

La decisión de la instructora se produce tras estimar los recursos de reforma interpuestos por los letrados de las distintas partes personadas en la causa, tanto de los acusados como del padre biológico de la fallecida, personado como acusación particular, quienes habían expresado su malestar ante la supuesta indefensión que les producía la imposibilidad de tener acceso a la abundante prueba documental existente, compuesta ya por cuatro tomos, informa E. Press.

Además de levantar el secreto, tras sendas prórrogas y advertencias a las partes sobre la obligatoriedad de no desvelar contenido de la instrucción, la juez ha fijado nuevas testificales para mediados de mes, la del principal sospechoso, R. H., que ha pedido comparecer nuevamente, y la del conductor de la ambulancia.

Tanto la madre como su compañero sentimental, naturales de Pedrajas y Medina del Campo, respectivamente, ambos en prisión desde entonces, alegaron que la pequeña Sara había sufrido una caída, versión que no se corresponde con las diligencias por delitos de asesinato, maltrato de una menor y omisión del deber de socorro que se instruyen contra ambos.