La fiscal denuncia carencias y falta de medios para proteger a los menores
El caso Sara late en las Cortes: Rodríguez advierte de que faltan especialistas y que «los atestados de la Policía se reciben físicamente en papel y puntualmente por correo o fax»
La fiscal Lourdes Rodríguez conversa con Rosa Valdeón antes de presentar la memoria ayer en las Cortes.-ICAL
La protección integral de los menores es una de las asignaturas pendientes de la justicia en Castilla y León. No sólo en los delitos contra ellos, sino en la creciente violencia doméstica de los hijos a los padres. Lo denunció ayer la fiscal jefe de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, en una exhaustiva, brillante, reivindicativa y rigurosa intervención en las Cortes, donde presentó la memoria de la Fiscalía.
El caso de la niña Sara, la menor de cuatro años que murió en Valladolid por malos tratos y presunta violación, latió en las Cortes durante la comparecencia de la fiscal jefe, como recordó el procurador del PP y vicepresidente de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano.
«Los atestados elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se reciben físicamente en papel y puntualmente por correo o fax», se escanean los atestados... en algunas fiscalías falta formación de los funcionarios en esta materia, los medios tecnológicos son insuficientes y «continuamente» se producen fallos informáticos. «Sigue detectándose en ocasiones la falta de especialización de los letrados en la Jurisdicción de Menores y en algunas Fiscalías ni siquiera está implantado el sistema LexNet de notificaciones.
A todo este tipo de carencias y deficiencias, la fiscal jefe sumó las crecientes infracciones cometidas a través de las nuevas tecnologías. «Es muy frecuente» la solicitud de «tratamiento terapéutico de tipo ambulatorio» y la Fiscalía choca con ausencia de respuesta política. «La escasez de recursos en este campo es un grave inconveniente», señala la Fiscalía en la memoria, al tiempo que critica por «claramente inadecuado» la pretensión de internamiento del menor y reclama centro para tratamientos psiquiátricos de menores.
Lourdes Rodríguez abundó en el aumento de casos de violencia doméstica de menores con sus padres, que hacen imposible «la convivencia» y llevan a los progenitores a ceder la guarda a los Servicios Sociales de la Junta. Ante esta situación, la fiscal planteó dos problemas: falta de centros especializados en la intervención terapéutica de menores que en muchos casos presentan problemas de adicción a drogas o internamientos en centros inadecuados para tratar la patología correspondientes.
La fiscal advirtió de las reticencias de los padres a denunciar a su hijos en delitos de violencia doméstica y pidió amparo para los progenitores «en el ejercicio del derecho de corrección». Lamentó que sólo se denuncien las fugas de menores cuando son reiteradas.
Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Menores es competente para investigar estos delitos a diferencia del resto de infracciones. En este contexto, la fiscal subrayó que las sentencias de conformidad en el caso de Menores han aumentado de 516 en 2015 a 561 en 2016, siendo los fallos sin conformidad 203 frente a 317 del año anterior. Un aumento que se debe a la presencia de letrados especialistas «que se convierten así en coadyuvantes» con el resto. Al respecto, la Fiscalía de Valladolid ha pedido un plan global de prevención del acoso escolar con actuaciones integrales en los colegios.
La fiscal comenzó su intervención precisando que en 2016 se han reducido un 51,5% las diligencias previas -79.248-, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que dejan de entrar en los juzgados los atestados sin autor. Rodríguez se quejó del elevado tiempo medio de señalamiento de juicios -308 días-, un plazo que podría adelantarse con cambios en los procedimientos para que aumenten las sentencias con conformidad. La fiscal reveló que en el 66,6% de los casos penales la sentencia coincidía con la petición del fiscal.
La fiscal distinguió entre violencia de género y doméstica. En e lprimer caso, se produjeros seis fallecimientos. Rodríguez cuestionó la Unidad de Valoración Integral del juzgado vallisoletano por carecer de personas concretas y no alcanzar a las víctimas. «No está suficienetemente dotado», dijo. Sobre la violencia doméstica, se produjeron 207 sentencias y se incoaron 890 casos.
La fiscal apuntó tabién a una disminución de las sentencias por seguridad vial, a una reducción de los delitos informáticos y a un repunte de los delitos económicos.