El PSOE pide a Sáez Aguado que dimita por su “inoperancia” en las obras del Clínico de Valladolid

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Javier Izquierdo, pidió hoy la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, o que sea cesado “fulminantemente” por su “absoluta inoperancia” en la gestión de las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, después de que se haya rescindido el contrato con las empresas adjudicatarias, lo que implica -dijo- una indemnización de 675.000 euros que tendrá que asumir las arcas de la Comunidad.

Izquierdo, que compareció acompañado por el procurador socialista José Francisco Martín, denunció la “negligencia” e “ineptitud” de Sáez Aguado, con esta actuación, que recordó debería haber estado terminada en septiembre de 2013. Además, reclamó al titular de Sanidad que acuda a dar explicaciones a las Cortes sobre esta cuestión, ya que recordó su grupo solicitó su presencia hace más de un año.

Asimismo, el parlamentario socialista recriminó al consejero su “desinterés” e “indolencia” con la gestión de estas obras, así como el “relajo” y “laxitud”con la que ha asumido las demandas sobre estos trabajos en el Hospital Clínico, que recordó es referencia para algunas especialidades en la Comunidad y que a su juicio mantiene habitaciones con tres enfermos, algo “inasumible”, debido a los “momentos terribles” que se viven ante la defunción de un paciente, tanto para los ingresados, como para sus familias y los trabajadores del centro.

Javier Izquierdo recordó que la rescisión del contrato de adjudicación de obras a la Unión Temporal de Empresas (UTE) se produce después de que los trabajos se suspendieran durante más de dos años por causas administrativas, que imputó a la Consejería de Sanidad. Por ello, una vez rebasado e el plazo de ocho meses que establece la Ley de Contratos, la adjudicataria demandó la anulación del expediente, un proceso que ahora se cierra con un coste de 675.000 euros que recordó pagarán todos los castellanos y leoneses.

Por ello, el procurador socialista se preguntó qué le ocurriría a un directivo de una empresa si en una operación comercial pierde, como a su juicio ha reconocido Sáez Aguado, más de 600.000 euros, a lo que unió la pérdida de pruebas, las caídas del sistema informático o los retrasos en la implantación de la receta electrónica. En su opinión sería despedido por lo que consideró que el titular de Sanidad no puede permanecer en su cargo en la Junta por su “nefasta gestión”.

También, el dirigente del PSOE explicó que la falta de dirección política de Sanidad hizo que durante 2014, un año después de la fecha marcada para la finalización de las obras, se paralizaron, hasta que a finales de 2016 se levantó la suspensión, si bien los trabajos todavía no se llegaron a retomar al pedir la UTE la rescisión del contrato. Además, en marzo de 2014 la dirección del Clínico comunicó que el Plan Director, un documento previo a la redacción de proyecto, contenía errores y pidió su modificación. En septiembre de ese año, la Consejería preguntó sobre ello, si bien no recibió respuesta.

También apuntó que la empresa envió “muchos SOS” a la Consejería de Sanidad, aunque explicó que solo recibió el “silencio” por parte de Sáez Aguado

Izquierdo explicó que la Junta ni ha modificado el Plan Director, ni ha continuado con las obras. “Ni lo uno, ni lo otro”, apostilló, lo que ha llevado -dijo- a la empresa a pedir la rescisión del contrato, a su juicio por que no desea verse sometida a la incertidumbre sobre la ejecución de estos trabajos y seguramente debido a que los precios han cambiado desde 2013. Además, criticó que se consignaran partidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se han ejecutado, pese a las palabras de Sáez Aguado, sobre el equipamiento.

Finalmente, el parlamentario indicó que ahora la Consejería tendrá que retomar el proyecto, para lo que señaló tendrá que reformar el Plan Director, redactar un nuevo proyecto y sacar a concurso los trabajos. Todo ello supondrá nuevos retrasos en este proyecto, al que según sus cálculos, le resta por ejecutar la mitad de las obras, es decir, el ala de consultas externas, para lo que se demolerá el aula Bañuelos y la torre de hospitalización.