Margarida pide una ley de auditoría que mejore el sector público

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) Juan Carlos de Margarida, reclamó ayer una ley de auditoría del sector público que garantice la «transparencia» de todas las administraciones», al referirse al decreto de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

De Margarida aseguró, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que esta normativa, que otorga un papel predominante al interventor municipal, al hacerle directamente responsable de la implantación y seguimiento de las medidas de control económico y auditoría, es «insuficiente», ya que sólo «afecta» a entidades municipales.

El decano del Ecova estima que debe aprobarse una ley más amplia, similar a la que ya existe en el sector privado, que incluya a todas las administraciones públicas, con el objetivo de «mejorar» su gestión y eficiencia de cara a la prestación de servicios a los ciudadanos y contribuya a «evitar» el «fraude».

De las más de 22.000 entidades locales sólo se audita el diez por ciento, debido, entre otros motivos, a la «escasez» de profesionales en la materia, tal y como demuestra la decisión adoptada el martes por el Ministerio de Hacienda, al justificar la contratación de empresas privadas de auditoría tras declarar la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado.

Juan Carlos de Margarida realizó estas declaraciones durante la celebración del Día del Auditor, en la que alrededor de un centenar de profesionales del sector han hecho un balance del primer año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría (el pasado 17 de junio de 2016), al tiempo que han definido propuestas de cara al borrador de Reglamento de la Ley de Auditoría, de 21 de julio, actualmente en tramitación.

En concreto, De Margarida ha llamado la atención sobre la «dificultad» que supone el cumplimiento de la regulación actual, excesivamente burocrática, para los pequeños despachos de auditores, que representan más del 95% del total de firmas de auditoría de España, generan el 40% del empleo del sector, y asesoran y apoyan a la pymes españolas, que representan el 99,88% de nuestras empresas y más del 60% del PIB».

Para el decano. aa «poca capacidad» de estos pequeños despachos para competir con las grandes firmas de auditoría provoca una concentración del sector que tiene consecuencias «negativas globales» en la transparencia de la auditoría de cuentas del país.