Un empresario declara que Begoña Hernández rebajó el precio de Portillo
Recio niega ante el juez que la venta de los terrenos del polígono fuera un «gran negocio»
No fue un «gran negocio». Con esta afirmación el empresario Luis Antonio Recio niega en su declaración al juzgado que la venta de los terrenos del fallido polígono de Portillo a ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, perteneciente a la Consejería de Economía y Empleo, fuera un «gran negocio» por la rebaja final del precio.
Una rebaja que, según indica en su testimonio en sede judicial, llegó de la mano de la entonces viceconsejera y presidenta de ADE Parques, Begoña Hernández, quien cuando sutituyó a Rafael Delgado señaló, siempre según el empresario, que le parecía el preción demasiado elevado y que, además, la Junta no lo pagaría de una sola vez sino a plazos.
El que fuera uno de los accionistas de la promotora del Parque Empresarial de Portillo SL, con una participación del 33%, recordó la diferencia del precio del metro cuadrado del suelo entre el acuerdo marco con ADE Parque en marzo de 2010 y la escritura a finales de ese año. Una compraventa que, finalmente, se firmó a la baja pero que también experimentó cambios en la forma de pago, que pasó ser aplazado en lugar de al contado. De hecho 15 millones se aplazaron de marzo a diciembre.
El Gran jefe y El vidrios
De hecho, y así lo explicó durante su testimonio, Recio dejó claro que ante las dudas de Begoña Hernández , en un momento dado, se hizo la alusión directa de hablar con «el gran jefe», que reconoció a la juez se trataba del fallecido consejero de Economía, Tomás Villanueva.
Reció indicó que cuando Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González les informaban de las reuniones hablaban del «gran jefe» y el «vidrios», quien según reconoció era el apodo que utilizaban para referirse a Rafael Delgado.
Recio, que prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga un presunto delito de malversación por el sobrecosted en la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la Perla Negra, los terrenos del fallido polígono de Portillo y el alquiler de la de de Fundación ADEuropa en Bruselas, reconoció que las negociaciones de la venta del suelo eran llevadas a cabo por otro de los socios de la sociedad, Luis Ángel Rodríguez Herrero, y Carlos González. Además, apuntó que tanto él como el otro accionista, Francisco Esgueva, hermano del que fuera consejero delegado de la entidad pública Excal, Alberto Esgueva, eran informados por Rodríguez Herrero de las negociaciones con Gesturcal.
Luis Antonio Recio señaló, según las fuentes consultadas por este periódico, que entró en Parque Empresarial de Portillo en 2006 tras la salida de Urban Proyecta PM3, S.L, perteneciente al grupo Parqueolid. El empresario explicó que él como accionista estaba interesado en cerrar la venta a la Junta de los terrenos del futuro polígono de Portillo porque había empezado la crisis económica y estaba «presionado» por las entidades financieras para satisfacer el préstamo que había contraído al entrar en la sociedad. Esas mismas fuentes apuntan que aceptó las condiciones de ADE pese a la rebaja del precio y decidió vender en 2011 sus participaciones a los dos otros socios, Francisco Esgueva y Luis Ángel Rodríguez Herrero.
«Le iban a descubrir»
Lo que también reconoció es que Parque Empresarial compra a Urban por ocho millones una serie de parcelas rústicas del Portillo y que en una segunda operación Parque Empresarial se las vende a su empresa, La Bureba, por esos mismos ocho millones, quien con posterioridad se los transfiere a la Junta por 10 millones.
Al ser preguntado por la juez del porqué de estas operaciones, Recio declaró expresamente que porque en la sociedad Parque Empresarial estaba Francisco Esgueva, hermano de Alberto Esgueva, «y le iban a descubrir».
Quien también declaró fue el entonces vocal del Consejo de Administración de ADE y hoy director general de Calidad Ambiental de lConsejería de Fomento y Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, quien aseguró que no estaba capacitado para determinar si la compra de la Perla Negra era una buena operación. No en vano, recordó que acudía a los consejos de administración en representación de la Consejería de Medio Ambiente. Además, subrayó que la operación, de la que tuvo conocimiento en la reunión de ese órgano, venía avalada con dos tasaciones. En concreto, asegura que supo de la de Gesval y la de Inmoseguros, de marzo de 2009 y que sirvió para justificar el desembolso que finalmente se realizó.
Algo similar ocurrió con la compra de los terrenos del fallido polígono de Portillo (Valladolid) ya que tuvo conocimiento de ese asunto durante la aprobación de las cuentas de ADE. Recordó que fue la propia exviceconsejera de Economía y presidenta de Gesturcal, Begoña Hernández, quien comunicó esa operación.
El director general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, remarcó que hubo consejeros que expresaron sus dudas, como el delegado territorial de Valladolid, Pablo Trillo, y que por esa razón la decisión se pospuso para otros consejos de administración posteriores con el objetivo de presentar más expedientes. Consejos a los que nunca llegó a acudir, puntualizó.
Esta investigación se inició, en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. La denuncia, que luego se amplió a más ejercicios, apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de los terrenos.
Hasta el 9 de octubre
La declarción de Luis Ángel Rodríguez Herrero y de Fernando Domínguez Beltrán, prevista para el próximo día 18 han sido suspendidas. La razón es que el socio de Recio, Rodríguez Herrero, se encuentra en Colombia y pese a que se le ha permitido declarar por vídeoconferencia la dificultad reside en en que los sistemas informáticos de Colombia y aquí no son compatibles.
En el caso de Domínguez Beltrán se aplaza hasta la primera semana de noviembre, cuando tiene previsto venir de Chile donde reside. De esta forma, los próximos en pasar por el Juzgado serán ángel Montes y Carlos González Cuesta, pero ya el 9 de ocubre.