Asociaciones piden investigar a las instituciones por el crimen de Sara

Las dos principales asociaciones vallisoletanas en defensa de las víctimas de violencia de género –la Coordinadora de Mujeres y la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales– exigieron ayer que se «aplique la ley» sobre los presuntos verdugos de la pequeña Sara, de 4 años, asesinada el pasado 3 de agosto tras ser violada y torturada, así como contra las instituciones que «no supieron impedir» esta atrocidad, pese a contar con 21 días de margen para cortar de cuajo la desprotección de la niña, desde el primer aviso de evidencia de malos tratos.

Ésta alerta se activó el 11 de julio y, cuando la Junta quiso meterse de lleno en el asunto, el de 3 agosto, la niña ya estaba en muerte cerebral.

La de ayer no fue una concentración de protesta al uso en la plaza de Fuente Dorada. Con cerca de 200 participantes, fue con toda seguridad la concentración más reivindicativa y más crítica de los últimos años con el ‘papel’ que han desempeñado las instituciones.

«Negligencia», «pasividad» o «incompetencia», fueron los adjetivos que más tronaron en los altavoces, con una administración especialmente en el punto de mira: la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta. Aunque las críticas se extendieron al Cuerpo Nacional de Policía, los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Fiscalía de Menores.

De hecho, el relato de la noticia publicada ayer en DIARIO DE VALLADOLID sobre la cadena de hechos insólitos como la carta enviada por la Fiscalía en «correo ordinario» a Servicios Sociales de la Junta para informar de los malos tratos a la pequeña Sara, o las presiones recibidas en instituciones regionales y nacionales para no informar como dique de contención de posibles negligencias, fue leído literalmente por una de las cinco mujeres que tomaron el micrófono en el acto.

Y como prueba de que no iban de farol, anunciaron que van a pedir a grupos políticos de las Cortes – IUya ha anunciado una batería de preguntas sobre el caso– y del Congreso que investiguen posibles deficiencias de negligencia en la cadena de instituciones implicadas en la desatención a Sara.

La presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas, Conchi Minayo, anunció que pedirán «dimisiones» si hace falta. «Este asesinato se pudo evitar», clamó. «El protocolo del pediatra del Campo Grande fue correcto, pero luego todo se ha quedado en el camino desde Fiscalía a Servicios Sociales. Sara ha salvado a su hermana. Es triste, pero es así», lamentó. Marisol Moráis, de la Coordinadora de Mujeres, aseguró que el crimen de es «un asunto Estado» y denunció que en su caso no se aplicó el Pacto por los derechos de la infancia.

Las asociaciones de víctimas de violencia machista no fueron las únicas en mover ficha. La consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Alicia García, registrará mañana una petición de comparecencia voluntaria para explicar en las Corte la actuación de la Junta en el caso de Sara, según anunció a Ical el consejero de Fomento , Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Quiñones puso de relieve la «transparencia» del Gobierno autonómico en este caso. «La Junta es transparente, lo es y lo será», insistió el titular de Fomento, quien consideró que «las instituciones tienen que explicar su cometido y sus actuaciones», antes de manifestar el «profundo dolor» de la Junta por el crimen de «execrable y terrible».