Iberdrola admite que «toda la Consejería» conocía la imposición de «socios locales»

La investigación por la denominada ‘Trama eólica’ continúa siendo tema candente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Valladolid.

Ayer fue el turno de quien fuera miembro del Consejo de Administración de Ibercyl -filial de la multinacional Iberdrola Renovable-, Ricardo Bravo.

Algo más de dos horas duró su declaración como investigado por las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad. En la misma, reconoció que todos los niveles de la Consejería de Economía eran conocedores de que la Junta de Castilla y León «sugería» la existencia de «socios locales» para que la tramitación de dichos parques eólicos fuese «más rápida».

Esta «sugerencia» de contar con un socio local para poder acceder al mercado de la energía eólica, que Bravo también definió como «condición necesaria», era una práctica habitual que se producía en la mayoría de las comunidades y en muchos países, ya que la intención de los ejecutivos autonómicos era que parte del beneficio retornara al origen.

Bravo igualmente hizo referencia a un decreto de la Junta de Castilla y León en el que se establece esta condicionalidad de socios locales y aseguró que su empresa siempre actuó con total libertad.

Emilio Martínez, abogado de Ecologistas en Acción que ejerce la acusación particular, aludió a la ‘omertá’ -término acuñado por la mafia siciliana que hace referencia al silencio- al ser preguntado por Europa Press sobre si era Tomás Villanueva, el exconsejero de Economía, el que hacía esa «sugerencia».

El letrado entiende que de las declaraciones del exdirector de Ibercyl se infiere que en todas las «instancias» se encuentra el mismo «estado de cosas».

Hay que recordar que el pasado 15 de julio, el exdirector de Energía y Minas, Manuel Ordóñez, señalaba durante su comparecencia como investigado en la trama al que fuera vicepresidente de a Junta, Tomás Villanueva, como el impulsor de la entrada de empresarios locales en las sociedades que solicitaban autorizaciones para la construcción de parques eólicos.

DECLARACIONES

Junto a él, en la sesión de ayer también declararon como investigados, los hermanos Alejandro y Miguel Ángel Llorente, dos de los dueños de Collosa, como responsables de Inverduero Eólica.

Los dos, junto con el otro hermano Patricio, están citados en las actuaciones como benefiados por la trama y forman parte de los 21 querellados. Todos están acusados de presunta prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que eleva la cuantía de las comisiones de la trama en 80 millones de euros.

La defensa de los administradores y propietarios de Inverduero se concretó en sostener que todas las operaciones realizadas se enmarcan en la «actividad normal» de la empresa, llevándose a cabo con «escrupuloso respeto» a la legislación vigente y «de acuerdo» a criterios de mercado.

Mañana, día 28 de julio, tendrá lugar la última jornada de declaraciones previstas antes del parón de agosto. En condición de testigos, acudirán los hermanos Ricardo y Álvaro Fuster así como Francisco de Asís Álvarez de Toledo.

El titular Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Valladolid emitió cuatro autos, con fecha de 21 de julio de 2017, que suponen la apertura de piezas separadas para el «aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias» que se atribuyan a otros tantos investigados en el caso de las eólicas en Castilla y León.

Los autos se refieren al exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado; el que fuera director de ADE Internacional Excal, Alberto Esgueva; y los supuestos testaferros Jesús Rodríguez Recio y Marc Naderal.

El abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, destacó que el auto más interesante es el del primero: pues a Delgado ya se le requiere que presente una fianza por importe de 3.466.896,79 euros, estando advertido de la posibilidad de embargo si no lo abona dentro del plazo.