El fiscal pide 4 años para Rodríguez por falsear facturas para ayudas de 1M€

La primera apertura de juicio contra el ex presidente de Asaja de Valladolid por el caso de las subvenciones obtenidas por medio de supuestas facturas falsas de Campo de Peñafiel –de la decena de casos que tiene pendientes– amenaza al ex líder de la OPAcon una condena de casi cinco años de cárcel, una multa de 1,6 millones por las subvenciones indebidamente recibidas/aprobadas, amén de una fianza de 750.000 euros.

El Ministerio Fiscal solicita para el ex presidente de Asaja, Lino Rodríguez, y para su esposa, A.F.H., cuatro años y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos, por presentar facturas falsas para captar dos subvenciones por valor global de 1.042.525 euros para proyectos de obras en la sociedad patatera Campo de Peñafiel, de la que Rodríguez es administrador único.

Una sociedad creada al calor de unas subvenciones activadas para mitigar el cierre de azucareras y reconducir la actividad a otros sectores agrícolas, y que, en el caso de Peñafiel, afectó con la clausura en 2009 de la planta de Ebro con 200 trabajadores. Lino Rodríguez, avezado en el rastreo de subvenciones de todo tipo –su causa inicial fue por desvío de fondos para inexistentes cursos de formación– ahormó una petición de ayudas en febrero de 2009 para acogerse a esta diversificación primada por la UEcon la instalación en Peñafiel de una ‘planta para envasado y almacenamiento de patata’ en la que dijo que había invertido 1.958.759 euros. Por ello recibió un 40% de subvención.

Pero en esta operación, según la investigación, Rodríguez incurrió en dos supuestas actuaciones irregulares que ahora le llevan al banquillo:las facturas de esa ‘inversión’ son inventadas, según las acusaciones, y además no cumplió con el compromiso de crear diez contratos indefinidos. Dicho de otra forma, engañó para lograr los fondos europeos, según las acusaciones.

El caso ha conocido esta semana un importante avance judicial, después del que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid haya acordado la apertura de juicio oral contra los dos cónyuges por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fraude de subvenciones (789.932 euros cobrados el 29 de mayo de 2009)y fraude de subvenciones en grado de tentativa , en un auto al que ha tenido acceso EL MUNDODE VALLADOLID.

En este último intento de fraude, Rodríguez logró que se aprobaran 252.592 euros más, aunque las alarmas en la Junta saltaron a tiempo y la ayuda se paró en seco, circunstancia que no ha diluido el hecho doloso de que quiso engañar a la Administración regional con una presunta manipulación –eso sí, bastante trabajada– de facturas de empresas españolas, francesas y holandesas a las que inscribía a su antojo, en supuesta colaboración con su mujer, importes por trabajos y suministros que en realidad nunca realizaron las proveedoras, principalmente dedicadas a la fabricación de embalajes para patatas.

La Junta de Castilla y León revisó ocho facturas aportadas que suman un millón de euros, y descubrió, horrorizada, que las empresas negaron haber realizado operación alguna con Campo de Peñafiel. Esta supuesta trampa la ejecutó Rodríguez en connivencia con su mujer. El juez considera a Rodríguez presunto «autor» de los mismos, en tanto que su mujer sería «cooperadora necesaria», ya que las operaciones fueron «contabilizadas» en la gestoría Sodeprin, de las que Rodríguez y su mujer, economista de profesión, figuran como únicos socios.

La Junta de Castilla yLeón, asegura, en su escrito de acusación, que ex dirigente de Asaja contó con la colaboración de Sodeprin «para tal falsificación y presentación de facturas para la subvención», ya que la esposa de Rodríguez «gestionaba la sociedad Sodeprin, que llevaba la asesoría fiscal, contable y laboral» de Campo de Peñafiel en la fecha de las subvenciones reseñadas, del mismo modo que la inspección o fiscalización a Campo de Peñafiel tuvo lugar también en la sede de Sodeprin.

El juez requiere a los acusados para que, «de modo conjunto, directo y solidario», presten una fianza de 750.000 euros para asegurar responsabilidades civiles, con la advertencia de embargo. De esta forma, el juez da vía libre a un juicio que llevaban tiempo demandando la Fiscalía y la Junta, también personada, y que, en su caso, solicita pena de prisión de tres años y seis meses por cada uno de los dos delitos de fraude de subvenciones en concurso medial con falsedad documental: es decir, siete años de cárcel para Rodríguez y otros tantos para su esposa.