El Ayuntamiento de Valladolid permitirá transformar locales en viviendas

Empezaría con cuatro espacios ubicados en la calle Lillo que supondrán un coste de 230.000E Ciudadanos se opone y propone el uso de los locales para el plan de apoyo a emprendedores

Íos de la ciudad de la imagen-J. M. LOSTAU

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 Tras su publicación el pasado mes de enero en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y la apertura del plazo de sugerencias –con vigencia de un mes–, el Plan de la Vivienda de Valladolid 2016-2019 ya ha provocado las tensiones entre los partidos. Entre otros aspectos, el programa comprende la transformación de locales vacíos en bruto, propiedad municipal, en viviendas, siempre y cuando la normativa municipal lo permita.

El motivo de esta propuesta se debe al descenso en la demanda de locales comerciales en zonas de nuevo crecimiento, además de la existencia de muchos establecimientos vacíos en barrios consolidados. Por estas razones, el Ayuntamiento ha decidido que la mejor forma de sacar partido a estas edificaciones –únicamente las plantas bajas– es rehabilitarlas para que sean habitables.

De momento es un borrador, ya que el plazo de sugerencias ha finalizado esta semana y aún no hay nada concretado, pero la propuesta inicial del plan está centrada en cuatro locales –en bruto– ubicados en la calle Lille –Ciudad de la Comunicación– que se convertirán en cinco viviendas con superficies entre los 50 y los 70 metros cuadrados. Además, la adecuación de los establecimientos supondrá un coste que oscila los 230.000 euros.

Esta transformación se podrá efectuar siempre y cuando el espacio cumpla los requisitos exigidos en cuanto a las condiciones de salubridad y accesibilidad. Los aspectos que el Plan de Vivienda recoge sobre el acceso se refieren a que la entrada debe efectuarse «por medio de elementos comunes de circulación interior del edificio», es decir, que la entrada no dará directamente a la calle, sino que se encontrará en el interior del edificio correspondiente.

El grupo Ciudadanos, en las propuestas presentadas el 27 de febrero al concejal de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, Manuel Saravia, se ha opuesto a la puesta en marcha de esta parte del programa, justificando la negativa en «la cantidad de viviendas vacías que existen en la ciudad», una cifra que asciende a 20.000 casas sin habitar, a las que habría que sumar la vivienda nueva disponible.

Asimismo, la portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pilar Vicente, explica que desde su partido no creen que sea necesario la conversión de locales comerciales en residencias, y asegura que el proyecto inicial de la calle Lille «no tiene sentido». Lo que Vicente señala es que Ciudadanos propone que dichos locales, en vez de pasar a ser viviendas, formen parte del plan de ayuda a emprendedores. «Las viviendas vacías de la ciudad pueden sustituir a estos locales que pueden tener un mejor uso».

Además, la portavoz define la zona en la que se ubican los establecimientos como «una parte de Valladolid que todavía no tiene asentados locales y servicios, que está en desarrollo», a lo que añade que «este programa puede hacer que desaparezca la actividad económica y comercial en el entorno, convirtiendo la zona en residencias carentes de actividad», y agrega que lo mismo que pasa en esta parte de la ciudad ocurre en cualquier otra, ya que según los datos de población, Valladolid ha percibido un descenso poblacional desde 2012, pues ha pasado de 313.042 habitantes es julio de ese año a 302.253 en julio de 2016, lo que supone una pérdida de 2.500 residentes anualmente.

El concejal de Urbanismo declaró a este periódico que «aún no hay nada decidido sobre este programa» pero que cuando el plazo de sugerencias finalizara se barajarían todas las posibilidades, y que «probablemente» la puesta en común del Plan de la Vivienda tendría lugar en el pleno del 4 de abril.

El plazo de enmiendas ha acabado. Las cartas están echadas y ya se han pronunciado todos. Sólo queda poner en común las propuestas y decidir si lo mejor para la ciudad es la transformación de locales en viviendas o como propone el partido naranja, reservar los establecimientos a los proyectos empresariales de los emprendedores y dar uso a las viviendas vacías que colman actualmente la ciudad.

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El nuevo plan defiende el derecho a una vivienda digna

El nuevo Plan de Vivienda 2016-2019 tiene como objetivo fundamental el derecho a una vivienda digna. El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ya anticipó en la presentación del plan en noviembre del año pasado que el proyecto se iba a centrar en facilitar la adquisición de un hogar a las personas «más débiles» de la sociedad. Para esta cruzada, Saravia explicó que iba a ser necesaria la colaboración entre su concejalía y la de Servicios Sociales.

Sólo queda dar las últimas pinceladas al Plan para su puesta en marcha, y las propuestas del concejal cada vez están más cerca. En concreto, los espacios que se beneficiarán de las resoluciones serán los que están señalados como ‘barrios vulnerables’, es decir, espacios en los que existe un alto porcentaje de población mayor que ronda los 75 años o aquellos mayores de 65 años que viven solos, además de las viviendas inferiores a 50 metros cuadrados o con más de cuarenta años de antigüedad. Lo que se pretende para este tipo de viviendas es rehabilitarlas para su realojo, pero también se busca la actuación sobre la problemática social y el apoyo del Ayuntamiento a los barrios afectados.

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Además, no sólo se va a dar facilidades de acceso una vivienda digna a aquellas personas que lo necesiten, sino también se va a poner al servicio de los ciudadanos una Oficina Única que centralice la información sobre la vivienda, de tal forma que se evite la «peregrinación» de los interesados. Se habilitará este centro que va a unificar los protocolos de selección de adquirientes y de arrendatarios de las viviendas, ya sean nuevas o usadas. Asimismo, existe el propósito de poner en marcha una Mesa de la Vivienda de la que formarían parte todos los agentes implicados en el Plan, como son las áreas de Urbanismo y Servicios Sociales, los grupos municipales, la Junta, la plataforma de afectados por la hipoteca o Stop Desahucios, entre otros.