El Ayuntamiento aprueba el desalojo de la familia del funcionario que ‘ocupa’ 4 chalés
La suegra y los tíos del interventor viven gratis en unas casas municipales en Parque Alameda, que deberían haber dejado en 1983
Uno de los cuatro chalés de la calle Montes Torozos de Parque Alameda ‘ocupados’ que pertenecen al Ayuntamiento.-P. R.
El Ayuntamiento inicia el proceso para desalojar a la familia de un funcionario que ‘ocupa’ cuatro chalés municipales desde hace 33 años en una parcela situada en la calle Montes Torozos, en la zona de Parque Alameda conocida como Villa Paulita.
La Junta de Gobierno acordó ayer emprender los trámites civiles para que la suegra y los tíos del interventor municipal, Rafael Salgado, abandonen de una vez por todas las viviendas que pertenecen al Ayuntamiento y que deberían haber dejado en 1983, tal y como adelantó en el mes de noviembre pasado EL MUNDO- DIARIO DE VALLADOLID.
La corporación local adopta ahora esta decisión tras recibir la recomendación del asesor jurídico, Rafael Guerra, que remitió un informe en el que concluye que se deben emprender «las acciones civiles que resulten legalmente procedentes para la recuperación por el Ayuntamiento de la finca denominada Villa Paulita (Casa Luelmo) [...] y el desalojo de sus actuales ocupantes», y añade que «es necesaria la interposición de la correspondiente demanda ante la jurisdicción civil».
El proceso de desalojo anunciado ayer se ha dilatado en el tiempo. El actual equipo de gobierno ha tardado en ejecutar esta decisión casi un año, desde que abordara este asunto por primera vez, y tres meses después desde que este diario publicara cómo estas personas continuaban viviendo en unas casas que no eran suyas. Al día siguiente, el alcalde, Óscar Puente, aseguró que se aplicaría y cumpliría la ley.
Antes, en mayo de 2016, tal y como recuerda el informe de la asesoría legal, el Consistorio acordó iniciar expediente en orden a requerir el desalojo de las edificaciones y así se lo notificó a la familia de este trabajador. A partir de entonces, los inquilinos se han aferrado a que pagan los gastos corrientes y de mantenimiento.
Frente a ese caso omiso, el informe de la asesoría legal incide en que «no concurren los requisitos legales exigidos para que los actuales poseedores hayan adquirido la propiedad» por ninguna circunstancia legal.
Justifica el asesor esta afirmación asegurando que «los únicos documentos» que pueden aportar quienes actualmente habitan en las viviendas reclamadas pueden ser «el certificado de empadronamiento o los contratos de suministro de luz, gas o agua».
En ningún caso pueden aportar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, «ya que no se gira», aclara, al ser una propiedad del propio Ayuntamiento.
Tampoco disponen de título de propiedad alguno porque, recuerda el asesor, «está inscrita a nombre del Consistorio en el Registro de la Propiedad, en el Catastro y en el Inventario de Bienes Municipales».
También concluye que queda acreditada la propiedad del Ayuntamiento desde el 10 de noviembre de 1982, cuando el equipo del entonces alcalde Tomás Rodríguez Bolaños compró esta parcela de la calle Montes Torozos 2 a 8 a los antiguos propietarios José María Luelmo y Margarita Suárez.
Esta operación se enmarcaba dentro de un plan para efectuar un desarrollo urbanístico en Parque Alameda, que años después llevó a cabo, salvo en esa zona concreta.
En el acuerdo de venta figura que «los hijos del ofertante que ocupan las viviendas unifamiliares en esta finca deberán abandonar y dejar libre las mismas en un plazo máximo que terminará el 31 de diciembre de 1983». Y hasta ahora.
Entre tanto, tres órdenes de desalojo ignoradas, con distintos equipos de gobierno, y pocas actuaciones efectivas desde las distintas corporaciones municipales para atajar esta situación excepcional.
En 2002, un decreto del entonces alcalde, Javier León de la Riva, les ordenaba abandonar los chalés, pero hicieron caso omiso, sin que el Ayuntamiento actuara para que se cumpliera la orden.
Más de una década después, el 4 de mayo de hace un año, el departamento de Patrimonio, dependiente de la Concejalía de Hacienda de Antonio Gato, remitió una segunda notificación que exigía «el reintegro de la posesión» de 5.923 metros cuadrados y tampoco el efecto deseado.
Los ocupantes presentaron alegaciones.
El 9 de agosto, un nuevo requerimiento con la firma del teniente de alcalde Manuel Saravia rechazaba eso alegatos y les daba tres meses de plazo para dejar esas viviendas en las que residen gratuitamente sin que les corresponda. Un periodo que expiró en noviembre. Desde entonces, el Ayuntamiento ha solicitado informes para comprobar si la familia del interventor continuaba residiendo allí. Treinta y tres años después, ahí siguen.