Sánchez y Baró afirman que supieron de la comfort letter de Valladolid por la prensa

A toro pasado y por los medios de comunicación. Tanto el ex concejal Manuel Sánchez como el ex asesor de Javier León de la Riva para la operación ferroviaria, Carlos Baró, aseguraron ayer ante la juez que se enteraron de la carta de conformidad en el año 2015 y a través de las informaciones aparecidas en prensa.

De esta forma, ambos volvieron a dejar en soledad al ex regidor como único responsable de la firma de la carta de conformidad que comprometía al Consistorio a devolver 100 de los 400 millones que un consorcio bancario concedió para la operación del soterramiento.

En la rúbrica de la carta no se informó a la Intervención, ni hubo aprobación de la Junta de Gobierno o del Pleno. Además, no se comunicó a Hacienda, paso necesario por necesitar el Ayuntamiento autorización para el endeudamiento.

En su declaración ante la juez del pasado 22 de noviembre, el ex regidor declaró que firmó el documento sin consultar a ningún técnico municipal, ya que pensaba que se trataba de una carta sin más, por lo que no se instruyó ningún expediente administrativo.

Unas declaraciones que han puesto en bandeja las sucesivas de otros testigos e investigados que han pasado por el juzgado. En la línea de lo expuesto antes por el ex edil de Hacienda, Alfredo Blanco; el ex interventor, Jesús Velázquez, y el secretario Municipal, Valentín Merino, que ya comparecieron en el Juzgado, el primero como investigado y los otros dos como testigos, tanto Sánchez como Baró, igualmente en calidad de investigados, negaron cualquier intervención en la carta de conformidad. En concreto, el ex edil aseguró que se enteró de la carta de conformidad en el año 2015 y a través de los medios de comunicación. Asimismo, declaró que solo intervenía en temas urbanísticos o ferroviarios, pero recalcó que no llevaba cuestiones de Hacienda, según informaron fuentes jurídicas.

En la misma línea, Carlos Baró manifestó que no le pidieron asesoramiento alguno sobre la ‘comfort letter’ y explicó cuál era su trabajo en aquella época: emitir informes para el alcalde o el Ayuntamiento en materia ferroviaria. En concreto, estuvo 13 años en el Consistorio, entre 2002-2015, con cinco contratos de consultoría y asistencia para la emisión de informes.

Esta prolija hoja de servicios suscitó varias preguntas por parte del abogado del Ayuntamiento, personado como acusación particular. El letrado recordó que, en la era de De la Riva, Baró había cobrado en estos años 504.000 euros y aclaró que se habían tomado la molestia de revisar los expedientes para encontrar los informes de Baró en el tema ferroviario y que no hallaron ni uno solo.

Por ello, el letrado le preguntó si sabía dónde podrían estar estos documentos. Baró, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, contestó que realizó «muchos informes», aunque el archivo de los mismos no era de su competencia. En resumen, que no era problema suyo saber cómo los habían guardado.

Según las fuentes jurídicas, del rastro del trabajo de Baró solo quedan ‘informes modelo’ que el asesor realizaba cada tres meses. Eran una especie de índices de folio y medio donde anotaba las gestiones que realizaba, como la de haber asesorado a León de la Riva o de haber ido a reuniones con Adif o Renfe, sin entrar en el desarrollo de estas actividades.

Un balance laboral extrañamente exiguo, a juicio del letrado, ya que Baró, al margen del asesoramiento ferroviario, también realizó informes sobre la red de saneamiento o los párkings de La Antigua y de la avenida de Palencia con retribuciones a mayores de su asesoría ferroviaria.