Villanueva ocultó dos tasaciones de la Perla Negra un 28% más baratas

La nueva ronda de declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid sobre el proceso de compra el edificio de Arroyo, conocido como la Perla Negra, por parte de la Consejería de Economía y Empleo, dirigida entonces por Tomás Villanueva, está sirviendo para descubrir nuevas tasaciones que nunca llegaron a manos del consejo de Gesturcal.

Y no lo hicieron porque Tomás Villanueva las ocultó. Tasaciones, la primera de la sociedad Alia y otra posterior de Tinsa, que rebajaban una media del 28% el precio de más de 52 millones que finalmente pagó la Junta.

Las tasaciones fueron efectuadas a principios de 2009, en enero y febrero, a petición de la propia Consejería de Villanueva. La primera, de Alia, fijaba en 41.789.300 euros el precio de este edificio de ADE, o lo que es lo mismo el 24,7% –10,3 millones – menos de lo que se pagó; mientras, la segunda, de Tinsa, rebaja su precio en un 33,1% hasta dejarlo en los 39.167.961 euros, sobre los 52.150.000 euros que desembolsó el Ejecutivo autonómico por la Perla Negra.

En sus declaraciones de ayer, los peritos de las tasaciones explicaron cómo había sido el proceso. Estefanía Fradejas, presidenta y consejera delegada de Alia, señaló que el encargo que llegó directamente de laConsejería lo realizó el técnico Alberto Arcones.

Fradejas aseguró que ya conocía ese edificio debido a que la Mutualidad de la Abogacía le había encargado una tasación, que finalmente no llegó a realizar porque pidieron expresamente que se acercara a los 52 millones. Una cantidad que ayer indicó al juez de instrucción número 2 le parecía «exagerada». Fijaban esa cifra, según relató, porque había un inquilino que les ofrecía pagar 19 euros por metro cuadrado de alquiler.

Pese a que no efectuaron esa valoración, sí llevaron a cabo la solicitada por la Junta. Ésta concluyó en esos más de 41,7 millones de euros. Para alcanzar esta cantidad, Fradejas explicó que utilizaron el sistema comparativo del Banco de España, que en este caso pasa por sumar el precio del suelo más lo que costó la construcción del edificio, dado que la Perla Negra no se podía comparar con otro edificio similar de la zona porque no existe.

Es más, en el presupuesto, el contratista, y así lo hizo saber la presidenta de Alia al magistrado, ya señalaba que el edifico tuvo un cote de 34 millones. Una de las razones que el equipo de Villanueva esgrimió para comprar la sede de Arroyo por 52 millones a Urban Proyecta era que la propuesta de alquiler era de 4 millones al año durante 15 años. La presidenta de Alia dejó claro que el valor del edificio «no» se incrementa por el hecho de que sobre él pueda haber una oferta de alquiler de este calibre, como ya se había hecho en el caso de laMutualidad de la Abogacía.

Esta experta lo justificó en que en la tasación «siempre debe pesar precio menor». Sí señaló Fradejas que su tasación se realizó sobre un edificio de 31.000 metros cuadrados construidos y no los 35.000 finales. Terminó su declaración asegurando que desconoce a que persona de la Consejería se envió la tasación.

El siguiente en testificar fue Fernando García de la Cuesta, perito de Tinsa. Este experto apuntó que no tuvo contacto con la Consejería, que efectuó la valoración a petición de Tinsa y que ésta la envió a Economía. Relató que la tasación la efectuó con el edificio finalizado, pero sin divisiones. Su precio se concretó en los más de 39,1 millones o lo que es lo mismo un 33,1% –casi 13 millones– menos de lo pagado.

Ante la misma pregunta sobre el alquiler, su respuesta fue idéntica a la de Fradejas, que eso no subiría su precio. Él partió del coste del suelo, del de la construcción, más los honorarios de los técnicos –arquitectos y aparejadores–. Lo que no valoró fue el beneficio del promotor.

De estas dos tasaciones nunca se dio traslado al Consejo de Gesturcal, que sólo vio la efectuada por Tomás Machota, que fue coordinador de la Consejería de Economía y declarará el próximo lunes. En un informe de tres folios fechados el 19 de diciembre de 2008 sugiere que más apropiado que el alquiler es comprarlo y que el valor del edificio se sitúa entre los 60 y los 72 millones, dando un precio orientativo de compra de 66 millones.

A la vista de esto, en febrero de 2009, el consejo de Gesturcal pidió que se hiciera una tasación con una sociedad solvente, que la Consjería de Tomás Villaneva encargó a Inmoseguros, cuyo representante Víctor José Laguardia también testificará el próximo lunes. Curiosamente, ésta última es la que fija los 52.155.000 euros que finalmente la Junta pagó por el edifico de Arroy