El soterramiento, en el aire tras liquidar Alta Velocidad

Al final no pudo ser. Apenas unos días después de que los miembros de Valladolid Alta Velocidad pareciesen llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda de 404 millones de euros con los bancos, la imposibilidad de esta vía quedó reflejada ayer en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, en la que representantes de las instituciones implicadas acordaron la convocatoria de un concurso de acreedores en enero para hacer frente a la «complicada situación económica» que arrastra este organismo y que, con toda probabilidad, derivará en su futura disolución y sustitución por un nuevo instrumento para lograr el soterramiento y la integración ferroviaria.

La alternativa contaría con una nueva financiación basada en «aportaciones con un calendario más razonable», según indicó, en declaraciones recogidas por este diario, el actual presidente de Adif, Juan Bravo Rivera, al término de una reunión que se alargó durante dos horas y media. Esta determinación, que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, definió como la «muerte de la Sociedad», responde a que Alta Velocidad «ha dejado de ser un instrumento útil» para impulsar el proyecto de soterramiento ante la imposibilidad de hacer frente al pago de los más de 400 millones de euros que el organismo debe a un consorcio de seis entidades bancarias, agujero monetario cuya solución se decidirá durante el proceso concursal.

Si bien el ministerio de Fomento, a través de sus entidades dependientes Renfe y Adif, propuso la semana pasada abonar el primer y el segundo plazo del pago –cerca de 137 millones de euros– a cambio de que la Junta y el Ayuntamiento asumiesen el reconocimiento de la deuda mediante el pago de los intereses o a través de un documento de compromisos, este planteamiento cayó en saco roto ante la imposibilidad jurídica del Consistorio de reconocer una deuda de la que se había desvinculado con la anulación de la comfort letter firmada por el anterior regidor.

«Llegados a este punto, lo que estaba claro era que había que tomar un acuerdo en torno a la viabilidad de la propia Sociedad, puesto que, si no hay fórmulas para darle continuidad económica, no tiene sentido que siga existiendo», aseguró Puente, quien recalcó que el fin de la agrupación comercial «no es ningún drama» y no impide que la operación ferroviaria y el soterramiento «sigan adelante por otras vías» mediante «planteamientos más realistas y ajustados a las circunstancias».

Bravo, por su parte, reconoció que el planteamiento en el que se constituyó la Sociedad en 2003 «ya no es viable al cambiar la realidad radicalmente» y que, en la actualidad, «es imposible financiar una operación de este calado y envergadura exclusivamente mediante aprovechamientos urbanísticos», en referencia a la venta de los terrenos con los que se pretendía sufragar la obra.

Bravo auguró que la alternativa que se escoja permitirá afrontar el proyecto de integración ferroviaria «sin el lastre» de la situación de insolvencia por la que atraviesa el organismo. Además, aseguró que el Ministerio no va a «eludir», ni «evadir» su responsabilidad y reafirmó la disposición de Fomento para resolver la integración con una solución «óptima».

Desde el Consistorio, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid reclamó al gobierno municipal que prosiga con el proyecto de soterramiento del ferrocarril en la ciudad y que «no abandone a los vecinos», pues consideran que la decisión de proponer concurso de acreedores de la Sociedad puede tener como consecuencia «el abandono» del proyecto.

Los populares criticaron que la negativa de Puente y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, de afrontar cantidad alguna de la deuda –en referencia a la decisión de no pagar los intereses al reconocer intrínsecamente la totalidad de la deuda– «es lo que puede acabar, por desgracia, con un proyecto tan deseado por los vecinos de Valladolid».