El Ayuntamiento aprobará la remunicipalización del agua la próxima semana

Retomar la gestión 100% pública del agua está cada día más cerca de convertirse en una realidad. Una semana después de que la Comisión Político Técnica, presidida por María Sánchez –concejala de MedioAmbiente y Sostenibilidad–, aprobase por mayoría la memoria en la que se fijaba la entidad pública empresarial local como modelo más adecuado para la remunicipalización del servicio, la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Seguridad y Movilidad, reunida ayer en el Ayuntamiento, aprobó, con los votos favorables de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede y con la negativa de PP y Ciudadanos, además de la abstención de concejal no adscrito, elevar la propuesta al pleno extraordinario que tendrá lugar, casi con toda seguridad, la semana que viene, según indicó Sánchez en declaraciones a este diario.

Durante el pleno se aprobará la creación de una Entidad Pública Empresarial para la Gestión del Agua, organismo que se escogió debido a la posibilidad de otorgar a ese órgano potestades administrativas recaudatorias, ya que, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, la función de recaudación de la tasa de agua en España no puede ser encomedada a un concesionario, una sociedad mixta ni una sociedad municipal, algunas de las alternativas que se barajaron.

Tras la aprobación plenaria, se abrirá un periodo de transición de seis meses hasta el 1 de julio de 2017, fecha en la que vence el contrato vigente con Agualid –que gestiona el servicio desde hace dos décadas– y a partir de la que los 159 trabajadores de la empresa pasarían a formar parte de la nueva entidad pública como indefinidos no fijos –una categoría recogida en el Estatuto del Empleado Público– con los mismos derechos con los que cuentan en la actualidad.

En ese plazo, el Consistorio deberá debatir el presupuesto, ordenanza fiscal y reglamento de funcionamiento de la nueva empresa pública, una tarea que se antoja, cuanto menos, difícil, a la vista de las fuertes inversiones que requieren las redes de saneamiento y abastecimiento de la ciudad, cifradas en 178 millones de euros para los próximos 15 años, además de la ya mencionada subrogación de los trabajadores, aspectos que pueden marcar el éxito o el fracaso de una de las medidas más polémicas del actual equipo de gobierno.