Justicia aplaza su apoyo al Campus hasta descartar litigios en El Salvador
Volverá a reunirse con el concejal de Urbanismo cuando se apruebe la modificación del PGOU
El Ministerio de Justicia «no puede dar su apoyo» al Campus de Justicia hasta disipar toda previsible litigiosidad por ubicarlo en el colegio de El Salvador. Así se lo trasladaron ayer los responsables ministeriales al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, según él mismo relató tras la reunión mantenida por la mañana en Madrid.
En concreto, Saravia mantuvo un encuentro con Áurea Roldán, subsecretaria de Justicia, y con la subdirectora de Obras y Patrimonio de Justicia, Amalia Castro Rial, para abordar la tramitación en el nuevo emplazamiento.
El concejal de Urbanismo presentó el documento de aprobación provisional, aprobado en el pleno municipal, para ubicar el proyecto en el antiguo colegio junto a San Pablo, en lugar de hacerlo en el barrio de Girón, como tenía previsto el anterior equipo de Gobierno.
Las representantes del Ministerio, por su parte, insistieron en la alegación presentada en verano, que cuestionaba ese cambio al entender que retrasaría la finalización del Campus, un proyecto llamado a unificar las sedes judiciales dispersas por la ciudad.
Saravia destacó que la reunión discurrió con buen clima y percibió «buena disposición» en sus interlocutoras, que, pese a defender el proyecto en Girón por estar más avanzado, «entienden» el cambio propuesto por el Ayuntamiento de Valladolid.
Lo primero que se necesita para ejecutar este proyecto es la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que justo hoy se envía a la Junta de Castilla y León para que dé el visto bueno definitivo. Habrá que esperar «uno, dos o tres meses» para que eso suceda, calculó el también teniente de alcalde de Valladolid. Será entonces cuando Saravia y la subsecretaria de Justicia se vuelvan a citar. «Entonces el Ministerio entraría a considerar este nuevo emplazamiento», confió.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ya mostró sus reticencias a la nueva ubicación por temor a un posible litigio por parte de alguno de los dueños ya sea de El Salvador (edificio que se adaptaría para el nuevo uso y que es propiedad de la Sociedad San Pablo) o del aparcamiento de la antigua Residencia (donde está proyectado un nuevo inmueble y cuyo titular es la Seguridad Social). En el caso de plantearse algún litigio, el presidente del TSJCyL auguró que Valladolid seguiría sin tener ciudad de la Justicia en el año 2025.