De la Riva ignoraba la relevancia de la ‘comfort letter’ y firmó sin consultar

El ex alcalde Javier León de la Riva ignoraba la trascendencia de lo que firmaba cuando rubricó en 2011 la carta de conformidad, la famosa comfort letter, para avalar la devolución a los bancos, por parte del Ayuntamiento, de los 100 millones de euros que le correspondían del préstamo de 404 millones solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para el soterramiento. Devolución que se ejecutaría con independencia de si se acometía o no el proyecto. 

Y además lo hizo sólo. Pese a la importancia del documento, lo firmó sin consultar con nadie, ni siquiera con el concejal delegado del área de Hacienda de la época, Alfredo Blanco. No pasó por ningún órgano municipal, ni por el pleno y ni el interventor de entonces ni el secretario tenían conocimiento de la carta.

Así lo aseguró ayer el ex regidor durante su declaración como investigado -antes imputado- ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4. De la Riva vino a decir que se lo guisó y se lo comió solo, como si quisiera afrontar la responsabilidad que pueda derivarse en solitario, una declaración que su sucesor en el cargo, Óscar Puente, de profesión abogado, interpretó como una «inmolación».

«Penalmente se ha puesto la soga al cuello», dijo Puente tras conocer el resumen de las declaraciones de su antecesor y rival político durante los ocho años que estuvo en la oposición.

Había expectación mediática, como en ocasiones anteriores en las que el ex alcalde acudió al juzgado, pero esta vez De la Riva rehuyó las declaraciones. Más allá de la prensa, apenas un puñado de personas esperaba al ex alcalde a las puertas del juzgado. Uno de los congregados le gritó «soberbio» y otro le espetó: «Vas a pagar todo lo que has hecho».

De la Riva entró sin inmutarse y estuvo declarando ante la juez por espacio de una hora. Al terminar salió solo y sin hacer declaraciones. Tuvo que ser su abogado, José María Tejerina, el que resumiera lo declarado por su defendido, quien admitió su «posible error» al no ser consciente de la trascendencia mercantil de la carta de conformidad que firmó en noviembre de 2011.

La carta fue anulada por el nuevo equipo de gobierno municipal en un pleno el pasado mes de septiembre, nulidad que utiliza ahora el Ayuntamiento para negarse a devolver los 32 millones de euros que le reclaman como primera entrega, de los 100 que le corresponden al Ayuntamiento, las seis entidades que concedieron el préstamo.

Siempre según la versión de Tejerina, el ex alcalde firmó la carta, escrita por los propios bancos y trasladada al alcalde a través de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, «valorando que era una carta y no una póliza de préstamo». Añadió el letrado que como tal carta «no era susceptible de ser revisada ni necesitaba un expediente administrativo» y en descargo del ex alcalde dijo que era «la primera vez que firmaba» una comfort letter, «que entonces ni se sabía lo que era».

La alegada ignorancia sobre la importancia de la carta llevó a la juez a leer algunos extractos de la misiva para preguntar al ex alcalde si no entendía lo que significaba aquello.

Tras la declaración del alcalde fue el turno del ex interventor del Ayuntamiento, Jesús Velázquez, que apenas estuvo ante la juez el tiempo justo para decir que no tuvo constancia de la carta ni de ninguna tramitación y que, de pasar por alguien, él tenía que haber sido «el primero».

Igual de breve fue la declaración del secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, quien reiteró sus argumentos en el sentido de que ni habló con el ex alcalde ni con ningún otro concejal del asunto «ni se ha encontrado ningún documento aprobatorio» sobre el documento.

Ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 4, a quien regresó el caso después de sobreseerlo por entender que competía a la jurisdicción de lo Contencioso y recurrir el Ayuntamiento, como acusación particular, y el fiscal, recurso admitido por la Audiencia, deberá decidir si vuelve a sobreseer el asunto o si encuentra indicios penales en la actuación del ex alcalde.

Puente ve «inverosímil» que no consultara con nadie

«Inverosímil». Así le pareció al alcalde, Óscar Puente, la declaración de León de la Riva. De entrada destacó la «contradicción» en la que habría incurrido «dado que en sus alegaciones por escrito dijo que no hacía nada si antes no había pasado por el concejal delegado de turno». Además de contradictoria, a Puente le pareció «inverosímil» que lo hiciera solo y no consultara con nadie. «La Junta de Castilla y León también firmó, pero antes pasó por el Consejo de Gobierno», dijo Puente antes de añadir que uno no está en un puesto de responsabilidad «para no saber lo que se firma».

Por buscarle una interpretación a la declaración de su antecesor, Puente apuntó que «es posible que alguien le presione para que no diga la verdad». Añadió el alcalde que cuando se rubricó este documento el Ayuntamiento había superado el límite de endeudamiento y no se podía obtener un informe favorable del interventor, algo que sabían «León de la Riva y todos los demás». También admitió que las cosas no pintan bien y que el Ayuntamiento no está en disposición de devolver los 32 millones que le reclaman los bancos como primera entrega del préstamo por lo que auguró que tendrán que hacer frente a alguna demanda judicial. Los 404 millones que pidió Valladolid Alta Velocidad -aquí están la Junta, el Ayuntamiento, Adif y el Ministerio de Fomento- ya están gastados, la mayoría en los talleres de Renfe, y sólo Adif ha devuelto 62,5 millones.