Soto carga el control de los menús escolares de verano a la empresa

La concejala de Educación, Infancia e Igualdad, Victoria Soto, respondió ayer indignada a la acusación del Grupo Popular sobre una presunta negligencia en la gestión y manipulación de datos en relación con los comedores escolares de verano, tras detectar que 963 comidas, de un total de 5.451, se pagaron pero no se sirvieron a sus destinatarios dado que éstos faltaron a clase sin avisar. El PP había criticado además a la concejala por no dar a conocer estos datos durante el último pleno, tras una pregunta del Grupo Popular en relación con este asunto.

Soto ayer aseguró desconocer si en efecto hubo 963 comidas que se pagaron -el coste asciende a 3.000 euros- aunque no se sirvieron y descargó la responsabilidad en «el control de los asistentes» a los comedores escolares a la empresa Aramark, la adjudicataria del servicio de catering, entre otras razones porque así figura en el contrato y porque la concejalía «no tiene personal», dijo.

Soto descartó que se tire ninguna comida dado que vuelve a la empresa y anunció que se abrirá una investigación, pero advirtió de que los beneficiarios de esta ayuda alimentaria durante el verano para familias con escasos recursos pertenecen a «colectivos complicados». Añadió que 963 ausencias sin avisar, lo que se traduce en el mismo número de comidas que se hacen pero no van a sus destinatarios, «no son muchas», en un conjunto de más de 5.000. Reiteró que seguirá con el programa.

El presidente del Grupo Popular , José Antonio Martínez Bermejo, reclamó al alcalde, Óscar Puente, que «aclare la situación» y, en favor de la transparencia municipal, ponga a disposición de la oposición «todos y cada uno de los datos reales de gestión del programa».