El Consejo Escolar pide evaluar la FP y que sea más participativa
Recomienda rebajar la interinidad al 5% y advierte de las diferencias en la pérdida de unidades entre la escuela pública y la concertada
El Consejo Escolar de Castilla y León pidió a la Junta de Castilla y León que evalúe el actual sistema de Formación Profesional, en su planificación y distribución territorial, sectorial y ocupacional de la oferta realizada. Así lo recoge una de las enmiendas incluidas en el informe del sistema educativo de Castilla y León de este órgano para el curso 2014-2015.
En concreto, el Consejo Escolar considera necesaria una mayor participación de los agentes responsables de la Formación Profesional inicial en su programación y gestión y entre el profesorado que lo imparte. Este órgano recuerda que en el curso 2014-2015 se ha invertido la tendencia de crecimiento del alumnado matriculado en los ciclos formativos de FP lo que supone un cierto fracaso en los objetivos planteados y en la respuesta a las necesidades sociales, profesionales y económicas.
Entre las múltiples enmiendas presentadas y aprobadas en la reunión del Consejo Escolar, este órgano incide también en que la Consejería de Educación tendría que reformar la regulación del Bachillerato de Investigación y Excelencia con el objetivo de permitir el acceso a todo alumno que lo desee. Hasta ahora sólo pueden acceder los estudiantes con una nota media de siete sobre diez. En caso de que exista exceso de solicitudes la adjudicación de plazas se debería hacer por sorteo.
Según argumenta el Consejo Escolar, los requisitos de admisión a este Bachillerato, especialmente la exigencia de una nota mínima, perjudican la igualdad de oportunidades del alumnado.
Del mismo modo, el Consejo Escolar advierte de la diferencia en la pérdida de unidades escolares entre la educación pública y la concertada. Así, constata con preocupación la pérdida en otras 19 localidades de su última unidad escolar de Educación Primaria. En este sentido, propone que, en estos tiempos en los que se está definiendo una nueva ordenación territorial de la Comunidad y de la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales y urbanas, se haga un mayor esfuerzo y, con la máxima participación ciudadana y de la comunidad educativa, se realice una mejor planificación del sistema educativo que contribuya a la calidad de vida y facilite posibilidades de desarrollo sostenible e integral que hagan deseable y posible la permanencia de la población en los pueblos.