La Junta descarta iniciar acciones legales por el cierre de Lauki

La Junta no llevará a Lactalis a los tribunales por el cierre de Lauki ni impugnará la tramitación administrativa del despido colectivo. Esas acciones no proceden o no tienen visos de prosperar, según el informe de los servicios jurídicos presentado ayer en el grupo de la Fundación Anclaje, compuesto por la Administración, los sindicatos, la patronal y el comité de empresa.

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, argumentó que sólo los firmantes del plan social pueden denunciar el incumplimiento del acuerdo sellado entre la dirección y los representantes sindicales en mayo. Ese documento comprometía a Lactalis a «promover activamente» la venta de las instalaciones, pero también consta por escrito que la empresa se reservaba «la decisión final».

Esa coletilla complicaría demostrar en los tribuna «mala fe» por parte de Lactalis, tal y como pretenden CCOOy UGT, que acusan a la propietaria francesa de entorpecer el proceso de venta y no descartan emprender esas acciones legales.

Pero ese documento, además, recoge el plan de recolocaciones y prejubilaciones de la plantilla así como las indemnizaciones que cobrarían los empleados salientes, unas condiciones más ventajosas de lo que marca la ley (con hasta 45 días por año trabajado), de modo que una demanda también pondría en jaque esos pactos. En concreto, 55 trabajadores han pedido mudarse a otra fábrica española, 11 se acogen al plan de rentas y 19 han solicitado la extinción del contrato.

Si el plazo para vender expira y el 30 de septiembre no hay acuerdo de venta, durante la primera quincena de octubre se ejecutarán esas salidas y traslados, ya que la compañía se niega a conceder una prórroga. A lo más que ha accedido es a abrir un nuevo periodo de venta a partir del 1 de octubre para seguir buscando un comprador, tal y como ayer precisó Marcos, acompañada de Vicente Andrés (CCOO) y Raúl Santa Eufemia (UGT). Es decir, persistirían en la venta después del cierre. «No se trata de ayudarles a vender los terrenos», matizaron, sino de mantener la actividad en Valladolid y con unos compromisos sociales. Eso supondría que los empleados desplazados tendrían una fábrica a la que pedir su traslado. Porque si Lauki cierra para siempre, no tendrían adonde volver.