Puente: «el futuro de 102M€ está por delante de si Javier León tiene que declarar»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró ayer que su decisión de buscar amparo en los tribunales a la nulidad de la carta de conformidad para avalar un crédito de 400 millones para el soterramiento –iniciativa que en la práctica va a suponer que el ex regidor Javier León declare como investigado– es una decisión para proteger el futuro de 102 millones de euros que son de «todos los vallisoletanos», afirmó el primer edil.

«No es grato que acabe en una citación judicial y ojalá que no tenga consecuencias personales para Javier León. La imagen es importante, pero cuando ésta cuesta 100 millones de euros, hay que poner esta cantidad por encima de la imagen. Se qué no es agradable promover una acción judicial contra quien ha sido alcalde de la ciudad, pero mi deber es proteger es el dinero de todos los vallisoletanos y tomaré las decisiones que deba tomar por dolorosas que sean», insistió.

El regidor se refirió así al reciente auto de la Audiencia Provincial relativo a que Javier León deberá declarar como investigado por la vía penal para esclarecer qué «acuerdos internos» respaldaron la carta de conformidad. Un proceso en el que también declararán como testigos el interventor y el secretario municipal. Quien no lo hará será el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, como se informó ayer por error.

Puente también se refirió a la decisión de Renfe y Adif de demandar en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al Ayuntamiento por declarar nula la ‘comfort letter’ ante el temor de la respuesta de las entidades bancarias que se han quedado sin aval. Para Puente esta reacción de Adif y Renfe es una «broma» y «de chiste» desde el punto de vista jurídico, ya que el Consistorio «se ha limitado a dar cumplimiento a lo que marca la ley: era una carta nula y que».

Dicho esto, aseguró que suena a «farol» por proceder de un consejo de administración que ha tomado decisiones «abiertamente cuestionables» y potencialmente «revisables» en los tribunales. «Son los mismos que contrajeron un préstamo de 400 millones para una operación que tenían que ser menos costosa y los que accedieron a autorizar la ampliación del coste de los talleres de 50 a 200 millones con otros 65 de costes financieros», afirmó.

La preocupación por el estancamiento del soterramiento también surgió ayer por boca del concejal de Urbanismo. Saravia no ocultó su malestar por la no convocatoria del consejo de administración de la Sociedad Alta Velocidad para perfilar las aportaciones de las partes y el modelo de soterramiento.

«Me molesta mucho. Para el día 30 tiene que estar vinculado todo: la revisión del convenio de 2002, la refinanciación de la deuda y el plan de viabilidad. Son tres decisiones que están completamente interrelacionadas y no se pueden tomar una sin la otra. Por ello es clave que nos reunamos antes del 30», afirmó.

En la Comisión Especial sobre la Operación Ferroviaria el PP exigió que el Ministerio facilite de «manera fiable» los datos exactos del coste de las opciones de soterramiento, demanda respaldada por C’s, grupo que censuró la «nula formalidad» de los miembros de la Sociedad.