Jóvenes y mayores, ‘compis’ de piso

Ser joven y tener una vivienda es un binomio difícil de cumplir, de ahí que se ‘perpetúe’ en casa de sus padres hasta bien entrada la treintena. Las personas mayores, en cambio, sí son propietarios de pisos, por aquella creencia de que poseer una casa es un elemento de seguridad en la vejez, pero muchas veces se encuentran solos y en casas excesivamente antiguas. Ante esta situación, ¿por qué no juntar a jóvenes y mayores en una misma casa y convertirlos en ‘compañeros’ de piso?

El Consejo Económico y Social propone, como solución habitacional, «la promoción de viviendas públicas de alquiler compartidas entre personas mayores que viven solos y estudiantes universitarios dispuestos a acompañarles y a ayudarles».

Es sólo una medida. El CES, además, recomienda en su informe anual que se acometan «estudios de viabilidad» para la construcción de viviendas protegidas públicas en régimen de alquiler adaptadas a las necesidades de las personas mayores que viven solos, prestándoles además determinados servicios sociales.

Y, para atender las necesidades concretas de los jóvenes, reclama un plan especialmente dirigido a ellos, «fundamentalmente en régimen de alquiler». No en vano, como lamenta «en las políticas de fomento del alquiler no hay ningún plan específico para los jóvenes». La Renta Básica de Emancipación ya no se solicita desde el año 2012.

Junto a esto, el órgano consultivo que lidera Germán Barrios plantea que Castilla y León disponga de un parque público de viviendas en alquiler «de suficiente dimensión», que sea «coordinado y regulado» con independencia de qué administración sea su titular.

Además, considera que sería imprescindible «regular las condiciones y requisitos» para acceder a ese parque público en alquiler, dando prioridad a los colectivos de especial protección, así como establecer procedimientos de selección de esas viviendas.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente disponía al finalizar el año de un total de 9.995 viviendas protegidas públicas. De ellas, 1.184 estaban en régimen de alquiler y 113 estaban disponibles para atender a las familias que necesiten realojo en caso de desahucio.

Sin embargo, el CES reclama que todas las administración, en especial el Estado y las entidades locales, ofrezcan de forma «transparente» información «fiable y actualizada» de la situación real de sus parques residenciales públicos. Sólo así, según asegura, se podrán «formular medidas adaptadas a las necesidades específicas de cada momento».

PRESUPUESTOS. Desplome del presupuesto en Vivienda

El presupuesto que la Junta de Castilla y León destina a vivienda acumula una reducción del 79,19% desde el año 2011. Sólo en 2015 esta caída se cifró en un 23% sobre las cuentas del año anterior. Este desplome en el esfuerzo del Gobierno autonómico lleva al CES a asegurar tajante que el presupuesto «no es suficiente» para dar respuesta a las necesidades que presentan los castellanos y leoneses. Y eso, según el CES, «pese al esfuerzo que realiza el Diálogo Social».

IBI. Rebaja «urgente» de los valores catastrales

Con «carácter urgente» los ayuntamientos deberían de efectuar «una reducción de los valores catastrales de los bienes inmuebles». Esta demanda proviene del Consejo Económico y Social. En las conclusiones de su informe correspondiente a 2015, el órgano que dirige Germán Barrios asegura que estos valores deben de acomodarse a «la tendencia a la baja que ha experimentado el mercado inmobiliario» castellano y leonés durante los años de crisis económica.

PLANES. «Intervención pública» en el mercado del suelo

Para el Consejo Económico y social, las distintas administraciones públicas, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, deben diseñar planes y programas, «coordinados y complementarios», en los que se incluyan actuaciones dirigidas a «intervenir en el mercado» del suelo y de la vivienda. La idea del CESes que estas medidas «favorezcan que los precios de las viviendas se fijen con criterios razonables y evitando una posible especulación».

DESAHUCIOS. Una prestación para los que están en exclusión

El CES ve necesario una norma que incorpore el derecho a acceder a una vivienda mientras las condiciones económicas de una persona se lo impida. Así, propone la creación de una prestación económica «de carácter autonómico», que sea compatible con otras prestaciones básicas, dirigida a aquellas personas que se encuentran en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Elogia los resultados de las oficinas de intermediación públicas creadas.