Puente ve ahora una posibilidad legal de renovar el alquiler tras la queja vecinal

Tras el revuelo levantado a cuenta del alquiler de las sedes de las asociaciones de vecinos, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró ayer que existe «alguna posibilidad legal» de mantener los arrendamientos tal y como están, es decir, que el Ayuntamiento siga pagando directamente la renta de estos locales. «En este momento lo estamos estudiando y es una posibilidad nada descartable», valoró. En todo caso, Puente auguró que «pronto» se alcanzará una solución, «como máximo en un mes».

El regidor insistió en que el cambio planteado en el modelo de gestión obedece a «un problema de legalidad». Y citó las dos normativas que «colisionan, aparentemente» con la fórmula empleada hasta ahora, en la que el Consistorio figura como titular del contrato de arrendamiento de alquiler. En concreto, según Puente, ese modo de hacer es incompatible con la Ley de Patrimonio y con la instrucción sobre contratación en vigor «desde el año pasado».

El alcalde, que ayer trasladó un «mensaje de tranquilidad» al movimiento vecinal, garantizó que, de no encontrar el precepto legal que permita dejar las cosas como están, buscará «una solución cero gravosa para las asociaciones de vecinos».

Sus explicaciones no acaban de convencer a María José Larena, presidenta de la Federación de Vecinos Antonio Machado, que ayer se reunió con el alcalde. Y es que, en la resolución administrativa enviada la semana pasada desde el Ayuntamiento para anunciar la no renovación de los contratos «no se alude a ninguna normativa municipal». Lo que argumenta el Consistorio en esa notificación es que el cambio «es más conveniente a los intereses del Ayuntamiento».

Tampoco Víctor Manuel López Casas, de la federación Conde Ansúrez, comulga con los argumentos ofrecidos por el equipo de Gobierno y asegura que este sistema de alquiler para terceros se sigue aplicando en otros municipios españoles.

En total, el Ayuntamiento mantiene el arrendamiento directo de locales para quince asociaciones vecinales (otros 22 colectivos tienen su sede en dependencias de titularidad municipal).

Los portavoces de las dos federaciones de vecinos coinciden en señalar que subvencionar el arrendamiento a las asociaciones no es la solución, porque podría obligar a estos colectivos a tener que adelantar el dinero de la renta si la ayuda no llega a tiempo y porque «es difícil calcular con antelación los gastos de luz», por ejemplo, de un local, para poder solicitar esa ayuda, explicó Larena. Además, destacan que asumir la titularidad de los contratos acarrearía una «sobrecarga de trabajo» en colectivos que, recuerdan, están pilotados por voluntarios. Y también un riesgo, «ya que hay dolo y si metes la pata con el contrato de alquiler, respondes con tu patrimonio», indicó López Casas, especialmente molesto porque su agrupación no fue convocada ayer a la reunión en el Ayuntamiento, pese a haberlo solicitado por escrito.

Así las cosas, varias asociaciones presentarán alegaciones (el plazo termina el viernes) para mostrar su «firme rechazo» a este cambio. Algunas, como la asociación Distrito 05 de San Juan, ya ha redactado su texto, en el que alerta de que «se verá abocada a la quiebra» al no disponer de los «recursos precisos» para poder anticipar esos pagos.

El PP también mostró su desconfianza por las explicaciones ofrecidas desde el equipo de Gobierno. «Primero hablaban de una obligación legal que no precisaban y ahora hablan de un resquicio legal que puede permitirlo y tampoco lo precisan», indicó el grupo popular en un comunicado en el que piden una «aclaración» ante «esta astracanada».