Guijarro elude responsabilidad en la compra del edificio de Arroyo y vincula la adquisición de terrenos en Portillo a la decisión de Economía
El actual secretario general de la Consejería de Hacienda continuó hoy la ronda de declaraciones de altos responsables de la Administración regional en los juzgados de Valladolid
El secretario general de la Consejería de Hacienda, Francisco Javier de Andrés Guijarro, eludió hoy cualquier responsabilidad en la toma de decisiones sobre la compra del edificio de soluciones empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Según declaró ante el juez que instruye el caso, en el periodo en el que se investiga la presunta comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos el cargo que ocupaba era el director general de Tributos.
Tanto el investigado como su letrado declinaron hacer declaraciones a los medios de comunicación al concluir al comparecencia en el juzgado, que se prolongó por espacio de cincuenta minutos. En torno a la adquisición de terrenos en el parque empresarial de Portillo, fuentes cercanas al caso indicaron que Andrés Guijarro refrendó lo ya declarado el pasado lunes por el director general de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales, y el de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, y lo señalado el pasado miércoles por el exmiembro del Consejo de Administración de Gesturcal entre 2008 y 2013, Javier Rodríguez Segovia.
Todos los altos cargos citaron que en la estrategia de desarrollo de suelo -donde se compraron terrenos en una serie de polígonos- era la Consejería de Economía de la Junta, con su titular a la cabeza, Tomás Villanueva, quien adoptaba la decisión última para realizar inversiones dentro de la provincia de Valladolid, entre las que figura el parque empresarial de Portillo.
La investigación se inició en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León en torno a la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de la Comunidad denominadas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. La denuncia se amplió el pasado mes de diciembre a más ejercicios y en ella se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial del suelo.